Misiones oficiales al exterior de funcionarios y titulares, nombramientos de representantes de autónomas, autorizaciones para fondos de caja chica, licitaciones y compras entre otros, es el tipo de información que incluían los acuerdos y decretos del Ministerio de Economía (Minec) que estaban resguardados y de los cuales 41 documentos fueron destruidos por el jefe de archivo ad honorem, Manuel Alfredo Ramírez.
Asimismo, figuraba en los documentos guardados donde constan procesos sancionatorios contra empresas que envasan Gas Licuado de Petróleo (GLP), otorgamiento de beneficios de exención de impuestos de renta a cooperativas, pagos de indemnizaciones a empleados y recursos de revisión.
Otra información que podría haber sido parte de los archivos destruidos son autorizaciones para incremento del presupuesto de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), donaciones de activo fijo a escuelas o instituciones sin fines de lucro, autorizaciones de cuotas de importación de lácteos, maíz, arroz, carne porcina y otros, además de la fórmula de las gasolinas y acuerdos sobre el monto del subsidio del GLP.
Estos archivos habían sido enviados a resguardo en 2015, por orden del Gerente de Asuntos Jurídicos del Minec, Erick Alexander Alvayero, pero un total 34 documentos y siete libros fueron destruidos, según consta en el proceso que ha llevado el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Por ello, Martínez, quien había sustituido al entonces jefe del archivo, Ulises Alexander Carranza que tenía incapacidad médica, fue multado con 35 salarios mínimos, que equivale a $8,809.50 que deberá cancelar de manera personal.
Además, hay casos en los que la información no fue encontrada de forma física, sino que únicamente en medios electrónicos, pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) no permite “la salida de registros o datos originales de los archivos en que se hallen almacenados”.
Por este mismo caso, la resolución del IAIP estableció que el ministro de Economía, Tharsis Salomón López, debe ser investigado por la Fiscalía General por supuesto encubrimiento de la destrucción de los 41 documentos calificados como históricos.
“En cuanto al Ministro de Economía, Tharsis Salomón López Guzmán (...) se ha acreditado que el ministro tuvo conocimiento de lo ocurrido, que ordenó a sus asesores realizar una investigación, que asumió la destrucción documental e intentó justificarla, además adoptó medidas para encubrir lo sucedido - incluidas advertencias al denunciante - para evitar que este hiciera del conocimiento de las autoridades competentes la destrucción documental”, dice el IAIP en su resolución.
La destrucción
El Minec se percató que los archivos habían sido destruidos cuando el encargado de archivo (tras su convalecencia), Ulises Alexander Carranza, recibió una llamada telefónica donde le pedían el acuerdo número 9 del año 2010.
Cuando Carranza buscó en la base de datos se dio cuenta de que se trataba de un archivo de carácter histórico y que dichos documentos habían sido destruidos cuando intentó dar con ellos.
El entonces encargado del archivo y ahora sancionado por el IAIP reconoció que había eliminado los documentos, pero alegó desconocimiento sobre el carácter histórico de los mismos y agregó que los destruyó siguiendo el proceso legal correspondiente que establecen las normas internacionales de archivo.
El empleado, además, aseguró que había procedido con base en un instructivo emitido por la Secretaría de Transparencia, pero el IAIP dijo que este argumento no era válido en vista de que dicho instructivo estaba derogado al momento de la destrucción.
El Instituto también afirmó que las normativas para destruir los documentos mencionados por el empleado establecían un procedimiento que seguir que no se realizó.
Agregó que, pese a desconocer que los archivos eran históricos, Martínez no tenía la facultad para destruirlo “de manera arbitraria”.
Por medio de un comunicado, el Minec rechazó los señalamientos hechos por el Instituto y aseguró que en ningún momento se intentó encubrir a un empleado ni alguna infracción que tuviera que ver con la LAIP.