La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) no ha reinstalado en sus cargos a siete ciudadanos que fueron despedidos de sus trabajos entre 2013 y 2014 y que han sido amparados por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mientras se emiten sentencias definitivas sobre sus casos.
Al respecto, los magistrados de la Sala han ordenado que les devuelvan sus funciones laborales, ya que según las resoluciones, no se les justificó las causas de los despidos, algo que incluso viola el derecho de audiencia contemplado en el Código de Trabajo y los procesos sancionatorios del reglamento interno de la SSF.
Esto lo confirmó José Roberto Chacón, quien luego de diez años como analista de desarrollo normativo de la SSF, fue despedido el 30 de diciembre de 2013. Dice le argumentaron que su contrato expiraba y que la institución sufriría una reestructuración aunque recordó que los cargos son “a tiempo indefinido” y que no pueden suprimirlos de forma arbitraria sin aval de la Asamblea Legislativa.
“Mi plaza era por ley de salarios, yo llegué ese día a terminar unos documentos de cierre de año cuando de un momento a otro me bloquearon el acceso a mi computadora y me llamaron de Recursos Humanos, pedí explicación de por qué me despedían, pero solo me dijeron que era una decisión tomada y que debía de firmar”, relata Chacón.
Otro de los despedidos, Constantino Reyes, quien se desempeñaba como analista del departamento de Supervisión de Conductas de la SSF, explicó que se opuso a firmar el despido porque no había ninguna causa que lo argumentara, pero que “lo amenazaron” con no entregarle el fondo de protección, una especie de ahorro que cada empleado acumula en la institución. Al final dice que firmó “casi que a la fuerza”.
“Son decisiones arbitrarias, antojadizas, que tomó el anterior superintendente (Víctor Ramírez), él quitó mucha gente porque preveía que en un segundo gobierno del FMLN no iba a seguir en la institución, pero ahora es una obligación de Ricardo Perdomo (actual superintendente) cumplir con el amparo y hasta la fecha no hemos tenido respuesta a de la Superintendencia”, indicó Reyes.
Los demandantes aseguran que el caso ya es del conocimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) y que hay un aviso ante el Ministerio Público por un posible caso de desobediencia de particulares por parte de Perdomo.
“No entendemos por qué el actual superintendente no nos ha reinstalado, sobre todo porque ésta fue una decisión del anterior titular de la institución. La Fiscalía ya sabe de nuestro caso y está claro que Perdomo está cayendo en desobediencia por no acatar el amparo de la Sala”, analizó Jorge Castillo, también despedido en diciembre de 2013 del cargo de analista jurídico.
Los otros casos relacionados con la gestión de Ramírez son los de Luis Canales, Tadeo Rivera y José Antonio Cordero. En estos la Sala de lo Contencioso se ha pronunciado de igual forma y ha dejado (igual que con los ciudadanos anteriores) para la sentencia definitiva el pago de salarios y otras prestaciones adeudadas.
En la administración Perdomo solo hay un caso donde se ordenó reinstalo. Se trata de Iván Carrillo, que fue despedido el 22 de agosto de 2014 del cargo de colaborador jurídico, sin justificación.
Carrillo asegura que en su caso está de por medio el manejo de cierta información del caso de AFP Profuturo, una Administradora de Fondos de Pensiones que fue presidida por Perdomo y que quebró en 2001 por problemas de manejo de cotizaciones de los trabajadores y endeudamiento.
“A mí no me dieron razones, igual que al resto de compañeros, pero tengo claro que me quitaron porque en su momento vi diferentes cuestiones relacionadas con el caso de AFP Profuturo y que tienen que ver con el actual superintendente”, observó.
En todos los casos, la SSF presentó recursos de revocatoria que fueron rechazados por la Sala de lo Contencioso.
Los demandantes aseguran que en la Superintendencia hay más casos de despedidos que han presentado demandas antes las salas de lo Contencioso y de lo Constitucional y que están a la espera de ser amparados.
Además dijeron que se han creado 150 nuevas plazas, muchas “sin clara justificación”.
Hay que recordar que en junio de 2014, la Sala de lo Constitucional llamó al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén a respetar a los trabajadores y a garantizar su estabilidad laboral, respetando los contratos y sus respectivos salarios.
Se buscó la versión de la SSF sobre estos casos a través de la jefa de comunicaciones, Francisca Salinas, pero al cierre de esta nota no se había obtenido repuesta por la vía telefónica ni por correo electrónico.