En su resolución sobre el supuesto extravío de información de viajes del expresidente Mauricio Funes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para lo cual nombró al juez Ramón Iván García, no se limita a los tipificados como misiones oficiales, sino que incluye los que, de forma privada, realizó el exmandatario y la entonces primera dama, Vanda Pignato.
De acuerdo a la resolución de la Sala, y dado que la Presidencia de la República incumplió la medida cautelar de proporcionarle toda la información relativa a los viajes al extranjero del entonces gobernante y decir que no la tiene en su poder, el juez García debe de exigir dicha información a los siguientes entidades del Estado.
El requerimiento se hará al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobernación, la Dirección General de Migración, las secretarías de Asuntos Legislativos y Jurídicos y la de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, a la Autoridad de Aviación Civil, a la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Secretaría de Inclusión Social, según la resolución judicial de fecha 9 de marzo de 2016.
A estas instituciones la Sala les pide que brinden al juez designado la información que cada una tenga relativa a los viajes oficiales o privados de Funes (ver documento).
“Que exhiban, certifiquen y entreguen al Juez delegado, en el momento en que sean requeridos por éste, los documentos que estén resguardados en sus archivos, relativos a los viajes internacionales privados o en misiones oficiales – incluyendo la logística de seguridad y transporte – efectuados por el Presidente de la República y su esposa, durante el período comprendido del 1-VI-2009 al 31-V-2014, así como toda la información concerniente a las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador en el mismo período”, dice la Sala.
Con esta resolución, los magistrados de la Sala de lo Constitucional van más allá de lo requerido por la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico (Funde) que pidió a Capres solo lo relacionado a los viajes oficiales de Funes, lo cual le fue negado por considerar reservados esos datos.
Lo anterior motivó posteriormente un proceso administrativo en el Instituto de Acceso a la Información (IAIP) que en su resolución se apegó a lo dicho por Capres y propició la demanda de amparo de un ciudadano, bajo la cual la Sala resolvió nombrar al juez García para incautar dicha documentación.
Dentro de esos viajes privados del mandatario es recordado uno que realizó en febrero de 2011 junto a Pignato, el hijo de ambos, y otros familiares políticos a Disney World (EE. UU.), del cual trascendió usó un jet privado que más tarde el exmandatario se limitó a decir que un amigo empresario se lo había facilitado.
A criterio de Javier Castro, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), el que la Sala incluya los viajes privados de Funes demuestra que quiere tener la claridad de los gastos en que incurrió el exmandatario al realizar sus estadías en otros países.
“La Sala ahorita le encomienda al juez que obtenga toda esa información pidiéndoles todos los movimientos que puedan haber existido dentro de esos plazos, lo que se quiere investigar y para eso se tiene que requerir los mayores niveles de información, definitivamente”, dice Castro, quien además integra el Consorcio por la Transparencia y Lucha Anticorrupción.
Un hecho “grave”
Castro considera “grave” el que Casa Presidencial ahora no encuentre la información sobre los viajes de Funes, pues durante la audiencia en el IAIP los delegados de la Presidencia aseguraron que la información se negó a los peticionarios porque estaba clasificada como reservada y que estaba en resguardo; es decir, existía tal información.
“A través de ese amparo nos damos cuenta en la resolución de la Sala de lo Constitucional cuando se menciona y citan el informe de la Presidencia de la República donde dicen que no encuentran los documentos, ahí ya vemos lo grave de este caso”, externó.
Por su parte Claudia Umaña, directora de Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), consideró que ante la negativa del Ejecutivo, es importante el paso dado por la Sala de lo Constitucional de acudir a otras instituciones.
“En un Estado hay toda una burocracia que documenta procesos, así que en este caso tienen que haber una colaboración interinstitucional de diferentes instituciones que tienen que ver con los viajes de la presidencia, que van desde Aeronáutica Civil, Ministerio de Hacienda, porque hay fondos públicos que se utilizaron; la misma Cancillería, porque hay relaciones con otros gobiernos, es decir, hay un rastro de la información y se puede llegar a construir con la colaboración de diferentes instituciones”, dijo Umaña.
El polémico tema de los viajes al exterior y los gastos en que incurrió Funes durante su periodo presidencial también se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa, donde ARENA tramitó la creación de una comisión legislativa especial para que investigue sobre este tema. Será la Comisión Política del Congreso que determinará si es procedente o no crearla.
El polémico caso ya está en manos del Fiscal General
La Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene en sus manos la certificación sobre el extravío de la información en la Presidencia de la República relativa a los viajes al extranjero del expresidente Mauricio Funes y su esposa Vanda Pignato durante el quinquenio 2009-2014.
La Unidad de Prensa y Comunicaciones de la Fiscalía confirmó a este periódico que esa entidad ya fue notificada de la resolución de la Sala de lo Constitucional y que la misma ingresó ayer al despacho de Fiscal General Douglas Meléndez a eso de las 3:30 pm.
La misma fuente aseguró que no había posición respecto a si se abriría o no el expediente de investigación, tal como se lo requiere la Sala de lo Constitucional, porque el titular aun no había visto la certificación de la Sala, ya que se encontraba fuera de su despacho.
“Este Tribunal advierte que la medida cautelar ordenada no ha sido cumplida, por lo que corresponde ordenar a la Secretaría de esta Sala que certifique a la Fiscalía General de la República sobre los hechos vertidos en el presente proceso de amparo, a fin de que ésta lleve a cabo las investigaciones pertinentes para determinar la posible comisión de delitos y la deducción de responsabilidad”, dice la resolución de la Sala de lo Constitucional.