El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó, a través de una resolución, que el ministro de Economía, Tharsis Salomón López, debe ser investigado por la Fiscalía General por encubrir la destrucción de 41 documentos calificados como históricos.
“En cuanto al Ministro de Economía, Tharsis Salomón López Guzmán (...) se ha acreditado que el ministro tuvo conocimiento de lo ocurrido, que ordenó a sus asesores realizar una investigación, que asumió la destrucción documental e intentó justificarla, además adoptó medidas para encubrir lo sucedido -incluidas advertencias al denunciante- para evitar que este hiciera del conocimiento de las autoridades competentes la destrucción documental”, consta en una resolución emitida por el Instituto.
La responsabilidad del presunto delito fue advertid a por el IAIP en el proceso que se le abrió al responsable de archivo ad honorem del Ministerio de Economía (Minec), Manuel Alfredo Ramírez, por el cual se le encontró culpable de haber cometido una infracción muy grave al haber destruido 41 archivos.
Por tal hecho, se le impuso el pago de una multa correspondiente a 35 salarios mínimos, que equivale a $8,809.50 y que deberá pagar a título personal.
En el proceso se consignó que fueron 34 documentos y siete libros, entre los cuales habían resoluciones, acuerdos originales del ramo y decretos que fueron destruidos por Ramírez mientras sustituyó al entonces encargado del archivo, Ulises Alexander Carranza, quien tuvo una incapacidad médica.
De hecho fue Carranza quien, al regresar a sus labores, recibió una llamada telefónica donde le pedían el acuerdo número 9 del año 2010, y que al buscarlo, descubrió un memorándum donde se señalaba que era de carácter histórico. Al tratar de dar con el paradero de dicho documento, Carranza supo que habían sido destruidos.
El empleado ahora sancionado, reconoció que él destruyó los documentos, pero justificó que no tenía conocimiento que estos fueran históricos, y además que la eliminación de estos se llevó a cabo con base en los instructivos emitidos por la Secretaría de Transparencia y a las normas nacionales e internacionales de archivo.
El Instituto determinó que estos argumentos no eran válidos, pues las normativas que mencionó establecían un procedimiento que seguir y este no se realizó. Aunque también indicaron que el instructivo de la Secretaría estaba derogado en el momento en que se dio la destrucción.
Y respecto al desconocimiento que alegó tener sobre que la información era de carácter histórica, dijo el IAIP que esto no le habilitaba a que los destruyera “de manera arbitraria”.
Rechazan señalamientos
A través de un comunicado, el Minec, a través de su Gerencia de Comunicaciones, rechazó los señalamientos hechos por el Instituto.
“Este Ministerio considera inaceptable cualquier declaración en las que se pretenda imputar conductas ilegales y reprochables en contra de sus funcionarios, y reitera su disposición para que se realicen las investigaciones respectivas en forma respetuosa y transparente”, informó.
Agregó que “ningún funcionario de este Ministerio tuvo conocimiento de lo ocurrido, sino varios días después” y que en ningún momento “ha intentado justificar o encubrir infracción alguna relacionada con la Ley de Acceso a la Información Pública, o con la conducta del señor Ramírez”, por lo que dice estar abierto a la investigación del caso.