Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil (PNC), afirmó ayer que el Estado de excepción no sería la solución ideal para realizar capturas certeras de delincuentes.
“Probar que alguien ha participado en un hecho delictivo se logra en el proceso de investigación y para esto, poco tiene que ver el Estado de excepción”, aclaró el director de la PNC.
Si bien Cotto aceptó que un régimen especial tiene que ver con acciones positivas de control social “y la permanencia de la Policía y la Fuerza Armada en las zonas críticas”, consideró que la medida excepcional tendría un impacto limitado en controlar las extorsiones, uno de los principales delitos cometidos por las pandillas en El Salvador.
“Más bien el interés es bajar los niveles de violencia y delincuencia”, puntualizó.
Al margen de un régimen de excepción, el director de la PNC afirmó que han redoblado esfuerzos en los 10 municipios más violentos y dentro de estos los 81 puntos con mayor índice delincuencial. Por esto, justifica que las bartolinas y los penales están a reventar.
Afirmó que a un mes de implementado el plan El Salvador Seguro hay abundantes detenciones y significativas reducciones en homicidios y otros delitos, aunque no específico en qué lugares, porque las cifras a nivel nacional denotan un aumento de criminalidad de hasta el 117 por ciento, con respecto al mismo período en 2015, llegando a una tasa de 23 asesinados al día.
Cotto consideró que otras instituciones deben articularse para apoyar las tareas policiales y lograr desmontar las causas de la violencia en esos lugares, de lo contrario, “lo poco que se ha ganado, se perderá”, advirtió.
Además, el director de la PNC señaló que actualmente están investigando la masacre de un miembro del Comando de Fuerzas Especiales del Ejército y tres de sus familiares en Olocuilta y la masacre de 11 trabajadores sucedida la semana pasada en Opico.
Estas masacres son la evidencia de que el Gobierno ha perdido el control del territorio, afirmó el analista político Dagoberto Gutiérrez. “Se ha perdido el control de parte del Estado. Las pandillas han hecho saber que para circular y trabajar en el territorio se necesita su aval”, agregó.
Gutiérrez también mostró escepticismo ante la idea de un Estado de excepción y lo calificó de ser una “medida de guerra que se da cuando los Estados se ven amenazados. Es una medida propia de gobiernos débiles”.
Asimismo, lamentó que bajo este tipo de medidas los derechos que se ven afectados no son los de los criminales, sino los de los ciudadanos. “Las pandillas están en guerra y no están interesadas en moverse en el camino de la legalidad”, dijo.
Asimismo, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, respaldó a Gutiérrez y calificó de “estado decepción” a la pérdida de control territorial.
También señaló que con un Estado de excepción focalizado se logra un “efecto de fumigación, pues se combate el crimen en una zona y caen algunos criminales, pero el resto se va a otro lado”.
Cuéllar apuntó que hay tres guerras en curso en El Salvador: “la primera, entre las pandillas; la segunda, de éstas contra la población; y la tercera, de éstas con el Estado”.
Según el abogado Héctor Hernández Turcios, el problema de El Salvador no es de derechos, sino del poder que tienen las pandillas. “Los salvadoreños actúan por temor y ahora mismo es a las maras a quienes les temen”. Hernández Turcios criticó que ante esta crisis el Gobierno pretende seguir dando una visión de que todo está bien.
Organizaciones expresan preocupación
Por su parte, los miembros del Consorcio por la Transparencia expresaron también su preocupación por las implicaciones que traería un Estado de excepción en El Salvador. Según Claudia Umaña Araujo, presidente de la Fundación DTJ, “esta figura tiene una gran afectación a una serie de libertades como las de asociación, de reunión o expresión”.
Si bien ella reconoció que ante la incapacidad de las instituciones la medida merece ser estudiada, afirmó que no es viable y sin un análisis amplio y podrían estar “imponiendo una figura más de corte autoritario”.
El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, Juan Coronado, pidió a los tres poderes del Estado “que no se vaya a tocar el derecho a la libertad de información, expresión y de prensa”, así como otras libertades que al país le ha costado construir.
Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, señaló que al no conocer los detalles “lo que nos toca es prevenir que no se vayan a hacer cosas inadecuadas” y advirtió que como país “hemos visto signos de autoritarismo (...) hay mucha intolerancia a la crítica”.
Finalmente, Javier Castro, director de estudios legales de Fusades, dijo que en un régimen de este tipo “tiene que estar debidamente justificada cada una de las medidas que se estarían adoptando y argumentar cuáles son las razones por las que se toma y cómo esto va a ayudar a solventar y a disminuir la criminalidad”.
“Es importante que tengamos presente lo delicado de esta medida y es por eso que tiene que analizarse con la justa y adecuada prudencia porque estamos hablando de suspender garantías constitucionales”, dijo.