La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó al juez Ramón Iván García, magistrado de la Cámara de la Segunda Sección del Centro, para que exija a varias instituciones estatales la información relacionada con los viajes oficiales y privados que realizó Mauricio Funes en su mandato, junto a su esposa Vanda Pignato. A la vez el Tribunal certificó a la Fiscalía General de la República que proceda a investigar “la posible comisión de delitos” por el extravío de esa información en Casa Presidencial.
En su resolución, la Sala comisionó al juez García para que proceda a solicitar la información al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Gobernación, a la Dirección General de Migración, a las secretarías de Asuntos Legislativos y Jurídicos y a la de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, a la Autoridad de Aviación Civil, a la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Secretaría de Inclusión Social.
Requiere de esas entidades “que exhiban, certifiquen y entreguen al Juez delegado, en el momento en que sean requeridos por éste, los documentos que estén resguardados en sus archivos, relativos a los viajes internacionales privados o en misiones oficiales – incluyendo la logística de seguridad y transporte – efectuados por el Presidente de la República y su esposa, durante el período comprendido del 1-VI-2009 al 31-V-2014, así como toda la información concerniente a las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador en el mismo período”, dice la resolución de la Sala de lo Constitucional, de fecha 9 de marzo de 2016.
Tras considerar que la Presidencia de la República “incumplió la medida cautelar” ordenada al dar por extraviada la información relativa a los viajes, la Sala instruyó a la “Secretaría de este Tribunal que certifique a la Fiscalía General de la República sobre los hechos vertidos en el presente proceso de amparo, a fin de que este lleve a cabo las investigaciones pertinentes para determinar la posible comisión de delitos y las deducciones de responsabilidad correspondientes”.
A esta conclusión llegan los magistrados de la Sala tras otorgar un periodo adicional a Capres para que le remitiera la información sobre los viajes de Funes, pero fue el secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, quien afirmó en su cuenta personal de Twitter, que no se había localizado dicha información.
“Hoy reiteró Secretaría Jurídica de Presidencia a Sala que no encuentra documentos de viajes Funes y ayer avisó a FGR que investigue y deduzca responsabilidades”, escribió el también funcionario en el gobierno de Funes, el 3 de marzo anterior cuando concluyó el plazo dado por la Sala.
Contradictoriamente, ya antes y durante la audiencia en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), los delegados de Capres aseveraron que tenían en resguardo dicha información calificada como reservada durante la administración de Funes, la cual fue ratificada por el actual gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
Y es que a criterio de los magistrados de la Sala, dentro de Capres existe un ente responsable de resguardar ese tipo de información.
“No puede soslayarse que de conformidad al art. 53-E letra m del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, es la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción quien tendrá bajo su responsabilidad, mando y organización, la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Presidencia de la República. Además, en la letra r se establece que es esta Secretaría quien debe promover una gestión administrativa basada en el principio de austeridad, gobiernos incorruptibles, éticos y transparentes, siendo un gobierno democrático sometido al control ciudadano”, establece la resolución judicial.
Incautar documentos
La Sala señala la imperiosa necesidad de hacer cumplir sus resoluciones, se ve en la necesidad de nombrar a un juez para que incaute la voluminosa documentación requerida y la ponga bajo su resguardo.
“... Ante el peligro de que la documentación necesaria no permanezca intacta – dada la conducta mostrada por las autoridades de no proporcionar información ante solicitudes formuladas en este caso –, debe facultarse al juez delegado para que proceda a la incautación temporal de la misma, la cual deberá ser puesta a disposición de esta Sala de forma inmediata por el funcionario judicial”, dice la resolución.
La Corte de Cuentas de la República también es llamada a colaborar en este caso, consignando cualquier información que tenga en sus manos, referente a los gastos de viaje del expresidente Funes.
“Requiérase a la Corte de Cuentas de la República que informe si ha realizado alguna auditoría o cualquier otro control relativo a los gastos erogados con ocasión de los viajes internacionales realizados por el Presidente de la República y su esposa, tanto privados como en misiones internacionales, durante el período comprendido del 1-VI-2009 al 31-V-2014, así como toda la información concerniente a las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador en el mismo período”, señalan los magistrados.
Para cumplir con lo ordenado a las autoridades de la Contraloría, la Sala le da un plazo de 15 días.