La Sala de lo Constitucional resolvió designar al juez, Ramón Iván García, Magistrado de la Cámara de la Segunda Sección del Centro, para que exija a varias instituciones estatales la información relacionada con los viajes oficiales que realizó Mauricio Funes, durante su mandato, junto a su esposa Vanda Pignato. A la vez certificó a la Fiscalía General de la República (FGR) que proceda a investigar "la posible comisión de delitos".
Tal como lo reveló previamente este periódico, la Sala comisionó a dicho juez para que proceda a exigir la información al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Gobernación, a la Dirección General de Migración, a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos y a la de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, así como a la Autoridad de Aviación Civil, a la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Secretaría de Inclusión Social.
Requiere de esas entidades "que exhiban, certifiquen y entreguen al Juez delegado, en el momento en que sean requeridos por éste, los documentos que estén resguardados en sus archivos, relativos a los viajes internacionales privados o en misiones oficiales -incluyendo la logística de seguridad y transporte- efectuados por el Presidente de la República y su esposa, durante el período comprendido del 1-VI-2009 al 31-V-2014, así como toda la información concerniente a las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador en el mismo período", dice la resolución de la Sala de la Sala de lo Constitucional, de fecha 9 de marzo de 2016.
Tras considerar que la Presidencia de la República "incumplió la medida cautelar" ordenada en el marco del presente proceso de amparo, al dar por extraviada la información relativa a los viajes, la Sala instruyó a la "Secretaría de este Tribunal que certifique a la Fiscalía General de la República sobre los hechos vertidos en el presente proceso de amparo, a fin de que este lleven a cabo las investigaciones pertinentes para determinar la posible comisión de delitos y las deducciones de responsabilidad correspondientes", reza parte de la resolución judicial.