Durante su recorrido como funcionario de este Gobierno, el actual Ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, ha sido el interlocutor de desafortunadas declaraciones en relación a la criminalidad que abate al país y los esfuerzos estatales por controlarla. Muchas de las palabras emanadas de la boca del encargado de garantizar la seguridad de los salvadoreños, despiertan en sus receptores una mezcla de sentimientos. Los más comunes, en mi opinión, son vergüenza ajena, preocupación, decepción, risa, indignación e incertidumbre.
Cuando fungió como Ministro de Defensa, por ejemplo, aseguró que personal castrense investigaría homicidios, afirmación que despertó consternación y sorpresa entre los conocedores del tema de seguridad, ya que lo expresado por el funcionario era algo improcedente, considerando el marco jurídico existente. Algunos, preocupados por la inexperiencia de Munguía, atribuyeron su desatino a su falta de conocimiento en relación al trabajo de seguridad pública, otros más suspicaces advirtieron que esto era un indicador del nocivo estilo de dirección de un funcionario que no atacaría efectivamente el problema.
Aunque abundan los ejemplos para seguir ilustrando el argumento planteado al principio de este artículo, y fácilmente llenar el resto del presente espacio, me quiero concentrar en la última declaración del Ministro de Justicia, en la que avisó que evalúa la posibilidad de emitir una alerta para advertir a la ciudadanía sobre viajar a ciertas ciudades estadounidenses que, según sus cifras, presentan una incidencia delincuencial más elevada que la capital salvadoreña.
Al escuchar el osado anuncio del funcionario, la primera reacción mental de cualquier persona es identificar incidentes criminales experimentados en el país y contrastarlos con la situación en localidades estadounidenses. Por ejemplo, uno de los hechos retomados para este reflejo inmediato es el reciente ataque perpetrado por un grupo armado que irrumpió de madrugada en una sede policial y asesinó a un testigo protegido que colaboraba con las autoridades en la investigación de una estructura de narcotraficantes. La pregunta obligada es: ¿en cuántas de las ciudades norteamericanas se han registrado eventos como el antes descrito?
El ciudadano, después de escuchar al Ministro, para evaluar la validez de la alerta que propone, posiblemente se pregunta: ¿En qué parte de Estados Unidos permiten que cabecillas pandilleros purgando penas por delitos graves, contraten discos móviles para celebrar sus nupcias al interior de las penitenciarías en las que guardan prisión?
Es probable que, ante la propuesta de Munguía, las personas también cuestionen: ¿En qué ciudad estadounidense las desapariciones se han triplicado en los últimos meses? O ¿En qué parte de Estados Unidos las autoridades dejan que la seguridad de sus ciudadanos descanse sobre un pacto oscuro con criminales, que trasciende la institucionalidad de las instituciones públicas encargadas de prevenir e investigar el delito?
Después de este ejercicio, es evidente que la alerta que propone Munguía no tiene un fundamento técnico. Resulta lógico interpretarla entonces como un acto de prepotencia, que busca dar respuesta visceral a la reciente alerta difundida por el Gobierno de Estados Unidos para advertir a sus ciudadanos sobre los peligros de viajar a El Salvador. El precario estado de la seguridad pública de nuestro país no se beneficia en nada con este tipo de declaraciones, que en el fondo distraen la atención de los verdaderos problemas a los que nos enfrentamos los salvadoreños todos los días. Las irresponsables y emocionalmente cargadas palabras del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, hacen que me acuerde de las sabias palabras que solía utilizar un buen amigo para externar su preocupación por el futuro del país: "¿En manos de quién estamos?"
*Máster en Criminología y Ciencias Policíacas. @cponce_sv