La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) considera que la verdadera razón por la cual el gobierno salvadoreño pretende implementar el régimen de excepción en zonas con altos índices delincuenciales sería "quitar derechos fundamentales" de los ciudadanos.
El martes, durante una entrevista radial, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, se refirió a la iniciativa que estudia el Ejecutivo, como parte de las "medidas extraordinarias" que pretende impulsar el presidente Salvador Sánchez Cerén para el combate de la violencia en El Salvador.
En el espacio radial, Peña señaló que "se puede perder el derecho a reunirse, se pueden intervenir correos, teléfonos, facebook, en el régimen de excepción".
Ante ese planteamiento la ANEP, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, consideró la tarde del miércoles que el objetivo real del Gobierno de proponer el Estado de Excepción es: "quitar derechos fundamentales como la libre expresion, la privacidad de las personas, interviniendo teléfonos, correos, Facebook y redes digitales de ciudadanos honrados, allanar la propiedad privada y cualquier otra acción y/o coerción que estimen conveniente".
Además, según la ANEP, el Gobierno lograría conseguir más dinero sin dar cuenta de su uso y evadir el filtro legislativo. Entre esos fondos los $900 millones declarados inconstitucionales.
"Antes de suspender las garantías constitucionales de los salvadoreños, el Estado debe implementar acciones que demuestren que está dispuesto a frenar el accionar de las pandillas y defender los derechos de los ciudadanos. No es posible que los reclusos de los centros penales tengan más libertad y privilegios que la gente honrada que en las calles trata de ganarse la vida para sus familias", expresan en el texto.
Posición ANEP ante inseguridad y propuesta de Estado de Excepción pic.twitter.com/oo4wsZILVm
— ANEP El Salvador (@ANEPElSalvador) marzo 10, 2016