Iglesia Luterana salvadoreña rechaza posibilidad de decretar estado de sitio

Líderes religiosos señalan que la solución a la ola de violencia que vive el país está en iniciar un "proceso de diálogo entre todas las partes, ya que la violencia solo traerá violencia". 

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El Gobierno de El Salvador evalúa la posibilidad de establecer régimen de excepción en algunas zonas del país

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09 March 2016

La Iglesia Luterana salvadoreña expresó hoy su "rechazo" ante la posibilidad de que el Gobierno decrete estado de sitio como medida para el combate de las pandillas, ante la escalada de violencia que vive el país. 

La institución, que informó de que el jueves entregará una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa manifestando su desacuerdo con la medida, hizo un llamamiento a la ciudadanía a manifestarse ante el Congreso para pedir que el Ejecutivo descarte el planteamiento de instaurar estado de excepción. 

En el documento "también anotamos nuestra condena a las masacres y asesinatos vengan de donde vengan y urgimos al Estado a tomar en serio la búsqueda de paz. De igual forma, destacamos la solicitud de Declaratoria de Duelo Nacional", señaló la Iglesia Luterana salvadoreña. 

Para la iglesia, la solución está en iniciar un "proceso de diálogo entre todas las partes, ya que la violencia solo traerá violencia". 

El portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas, señaló que los presidentes de los tres poderes del Estado salvadoreño definirán próximamente las nuevas medidas de seguridad, pero no apuntó de manera explícita que vaya a ser instaurado un estado de excepción. 

Dicha posibilidad la valoró el presidente del Gobierno, Salvador Sánchez Cerén, el pasado 7 marzo, durante una conferencia de prensa convocada para informar sobre una masacre perpetrada la pasada semana en una zona rural del la localidad de San Juan Opico (noreste), donde fueron asesinados 11 trabajadores. 

Según fuentes del Ejecutivo, la matanza la ejecutaron pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13), por orden de sus líderes desde dos cárceles. 

Esto se suma al recrudecimiento de la violencia que se ha cobrado la vida de 1,537 personas entre el 1 de enero y el 6 de marzo, un 113.6 % más que en 2015, cuando se registraron 720 muertes violentas en el mismo lapso.