Aunque los diputados dicen que el presidente Salvador Sánchez Cerén tardó en admitir que el país atraviesa un “caos” por causa de la criminalidad, los legisladores de la Comisión de Seguridad acordaron ayer pedirle al Ejecutivo una reunión para expresarle su apoyo, pero a la vez, para pedirle explicaciones y darle sus aportes sobre qué tipo de medidas “excepcionales” se tomarían para contrarrestar el crimen y demás violencia que agobia a la población.
La incertidumbre ante el cambio de discurso de Sánchez Cerén de que la inseguridad solo era una “percepción” que los medios de comunicación querían hacer ver ante la opinión pública, fue expresada por Orlando Cabrera Candray y Rodrigo Ávila, de ARENA.
Para Ávila mientras no exista un registro de inteligencia de la Policía y de la Fiscalía de quiénes son los cabecillas y miembros de maras, poco se lograría al implementar estados de excepción o toques de queda, que son algunos de los mecanismos que la Constitución le permite al Estado cuando la seguridad social de la población se encuentra en riesgo.
Cabrera Candray añadió que “no se le puede dar la llave (de un estado de emergencia) a los que abrieron las rejas a tanto delincuente”, en referencia a que el gobierno del FMLN facilitó una “tregua” que falló. Pero además duda de que el gobierno busque en esa declaratoria “usar fondos a discrecionalidad”, cuando pudo haber usado al Ejército no sólo para apoyar a la Policía.
Antonio Almendáriz, del PCN, dijo que propondrán movilizar al Ejército incluida la reserva militar. Guillermo Gallegos, de GANA, reiteró la petición que ha hecho desde 2012 para declarar estados de excepción en los municipios más violentos del país.
Cada partido le dirá al Ejecutivo qué medidas deberían ejecutarse
En ARENA hay dudas de que el Gobierno busque usar el dinero a discrecionalidad
El anuncio que hizo el presidente Salvador Sánchez Cerén el lunes pasado de decretar un estado de emergencia ante el alza de la criminalidad deja más dudas en la fracción de ARENA que una intención real de combatir el crimen por parte del gobierno. Esto a la luz de lo dicho por los diputados Rodrigo Ávila y Orlando Cabrera. Este último señaló que la medida extrema que busca el gobierno podría ser utilizada como un pretexto para poder usar fondos a discrecionalidad y porque Sánchez Cerén tampoco aclara a qué mecanismos se refiere con el estado de emergencia. Ávila por su parte, dijo que mientras las medidas extraordinarias no partan de un registro policial y fiscal de quiénes son los cabecillas y miembros de maras ningún mecanismo dará frutos.
GANA propone estados de excepción y la implementación de los jueces sin rostro
Guillermo Gallegos, de GANA, dijo ayer que desde 2012 han venido insistiendo en la necesidad de declarar estados de excepción para frenar la delincuencia y las pandillas en los municipios más violentos del país. En 2014 reiteró su solicitud, pero sus iniciativas dentro de la Comisión de Seguridad no habían tenido eco ni en los funcionarios públicos, sino hasta que el anuncio de Sánchez Cerén, reavivó las luces sobre el alto nivel de inseguridad que vive la población y que de sobra han venido diciendo los mismos legisladores que ha rebasado la capacidad del Estado. Gallegos dice que el declarar municipios con régimen de excepción es para ir acorralando a los pandilleros y luego ir rotando la declaratoria a otros sitios, ya que al ser confrontados en unos municipios, las maras migran a otras localidades con menor incidencia.
PCN propone un decreto para movilizar a la Fuerza Armada y la reserva militar
Antes que aprobar regímenes de excepción y toques de queda, que se presume son medidas que podrían contemplarse en la declaratoria de un estado de emergencia por el aumento del crimen, el diputado del PCN, Antonio Almendáriz, dice que desde un principio, lo que el gobierno debió hacer es sacar a todo el Ejército y si es posible hasta las reservas para hacer un combate frontal a las pandillas. En la Comisión de Seguridad, la cual Almendáriz preside, también se tomó el acuerdo ayer de crear una comisión especial que se reunirá con Sánchez Cerén para tomar acuerdos sobre las medidas más adecuadas a tomar para contrarrestar el delito. La Constitución del país en su artículo 29 avala régimen de excepción cuando hay “grave perturbación al orden público”.
El FMLN pide que la sala de lo constitucional libere los $900 Millones en bonos
A escuchar a Sánchez Cerén llegarán los diputados cuando se reúnan con el mandatario, mencionó Misael Mejía, del FMLN. Según dijo, verán qué propuestas tiene el gobierno para enfrentar la violencia, la que a juicio de los partidos de oposición se le salió de las manos a las autoridades. A pesar de que el Ejecutivo admitió que es urgente tomar medidas “extraordinarias” para combatir la criminalidad, Mejía siguió defendiendo ayer que los medios de comunicación sólo publican las muertes pero no dicen cuando los homicidios se han reducido. El diputado efemelenista insistió en que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debe liberar los $900 millones en bonos que fueron retenidos por una medida cautelar el año pasado. El gobierno asegura que $100 millones serían para la seguridad.