Ante la realidad de violencia y aumento de asesinatos que el Gobierno ha considerado como percepción de los medios y que en 20 meses de la gestión del presidente Sánchez Cerén acumula 10,537 asesinatos, no hay claridad de las medidas que el Ejecutivo pretenden implementar para frenar la violencia.
Tanto políticos, como diputados y analistas señalan que no hay claridad en los planteamientos del Gobierno que ahora quieren implementar un régimen de excepción cuando meses anteriores el gabinete de Seguridad lo rechazó. Incluso hay confusión en el manejo de los conceptos régimen de excepción y estado de sitio.
El presidente de ARENA, Jorge Velado, advirtió ayer que el régimen de excepción que pretende instaurar el Gobierno para frenar los altos índices de violencia, en realidad busca “callar a los medios de comunicación, con quienes el presidente y su Gobierno se han demostrado intolerantes y represivos ante sus cuestionamientos”.
Agregó que Sánchez Cerén ha demostrado ser intolerante ante las publicaciones hechas por los medios de comunicación con relación a “las denuncias públicas de la población en contra de las medidas del Gobierno, por ejemplo: apropiarse de las pensiones de los trabajadores, alza a las tarifas del agua, incumplimiento de los pagos de bonos a policías y maestros y la falta de medicamentos”.
Sostuvo que aplicar este tipo de medidas le permitirá hacer uso de fondos con discrecionalidad, lo que le ha despertado serias dudas de que el estado de excepción que pretende instalar sea con el verdadero objetivo de combatir la delincuencia.
“Es más probable que esta sea otra movida oscura del Gobierno para usar fondos que tienen otro destino, como acaba de suceder cuando trasladaron fondos del impuesto para la seguridad a proyectos de otra índole”, dijo.
Agregó que esta medida que se supone será para reducir los altos índices de violencia “no puede estar bajo la ejecución de aquellos que pactaron con las pandillas. No se le puede dar la llave a los que abrieron las rejas a los criminales”.
El Gobierno estudia imponer el régimen de excepción, que suspende las garantías constitucionales como medida para contener la escalada de violencia que llega a 23 homicidios por día.
“El presidente de la República considera el estado de emergencia o excepción para algunos territorios en los que se necesita entrar con más fuerza”, reveló ayer Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa, en una entrevista radial.
Peña aseguró que en el régimen de excepción “se puede perder el derecho a reunirse, se pueden intervenir correos, teléfonos y Facebook”.
Sin embargo, en agosto del año pasado, el entonces gabinete de Seguridad rechazó cualquier posibilidad de que el Gobierno implementara un régimen de excepción en las zonas con mayor cantidad de homicidios.
Similar postura con Velado tiene el criminólogo y articulistas de El Diario de Hoy Carlos Ponce al advertir que las medidas excepcionales que pretende impulsar el Gobierno, no sean dirigidas a los delincuentes.
“No es remoto, considerando el comportamiento y discurso del presidente y sus funcionarios, pensar en medidas excepcionales para sancionar o silenciar a medios de comunicación que crean, según el presidente, percepciones negativas”, dijo Ponce. “Este es un camino peligroso que debe de ser evaluado. Después de todo, es necesario vigilarle la plana a aquellos que se han caracterizado por hacerla torcida en el pasado”, dijo.
También cuestionó el hecho de que el Gobierno mantenga en puestos claves a funcionarios que estuvieron ligados a la tregua entre las pandillas durante la administración de Mauricio Funes.
“Resulta poco razonable pensar que las mismas personas que dejaron que la situación llegara a este nivel de gravedad y no tuvieron la pericia, temple o audacia para debilitar a las pandillas, las tengan en este momento más complejo”, dijo Ponce. “El abordaje gubernamental del tema de la seguridad, sigue siendo político partidario y lo técnico no es prioritario”, recordó.
La idea de instaurar un régimen de excepción surgió después que la situación de criminalidad se profundizara con la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico, La Libertad; con el cierre temporal de la planta de Agua Cristal en la zona de La Tiendona por los altos índices de inseguridad, con los continuos ataques a policías, soldados y hasta sus familiares.
El inicio de este año, en los dos primeros meses y seis días de marzo, ha sido el más violento desde que se acabó el conflicto armado en 1992. Los homicidios crecieron en un 117 por ciento con respecto al mismo período del 2015 y un 191 por ciento con relación al inicio del 2014, según la PNC. 
El exministro de Seguridad y abogado Francisco Bertrand Galindo sostuvo que el Gobierno tiene dos recursos legales que puede utilizar para poder recuperar los territorios con alta incidencia de las pandillas. Uno de ellos es que declare el estado de emergencia para darle mayores atribuciones de seguridad pública al Ejército para que haga funciones de Policía.
El segundo camino es instaurar un régimen de excepción, ya sea nacional o focalizado en ciertos lugares, con el que se suspendería todas o parte de las garantías constitucionales.
En ese sentido, Bertrand Galindo considera que la medida es útil siempre y cuando el Gobierno tenga una estrategia de seguridad definida porque “no podemos pensar que con solo declarar el estado de sitio ya se resolvió la cosa, pero si el Gobierno no sabe qué hacer o no sabe a quiénes atacar primero y a quiénes atacar después”.
A juicio del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Domingo Méndez, la medida refleja que el Gobierno ha sido “incapaz de remediar este asunto, de alguna manera, siempre sostiene que las cosas van a mejorar, ponen impuestos, pero la seguridad cada día la pierde más el ciudadano salvadoreño”.
Consideró que “suspender los derechos individuales no es fácil, pero cuando se llega a donde se han sobrepasado los límites de la tolerancia, y donde el Estado está prácticamente perdiendo el control de su territorio, pues yo creo que no le quedaría otro camino más que establecer un estado de excepción”.
