Lo que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, llegó ayer a decirles a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea, confirmó lo que los legisladores de ARENA han venido cuestionando desde que el gobierno planteó la necesidad de hacer una reforma previsional: que los cambios no solventarán el déficit fiscal del Ejecutivo y que pone en riesgo las pensiones de los trabajadores.
El Gobierno propone la implementación de un sistema mixto donde existe un pilar de reparto, en el que el Ejecutivo tendría el control de la mayor parte de los ahorros de los cotizantes, y un pilar privado en el que las AFPs administran el resto del dinero.
Cáceres reconoció en la presentación que les hizo ayer a los diputados que la deuda pública del gobierno es muy alta y que ni aun con recaudar parte del dinero que por ahora manejan las AFP logrará solventar el pago de las pensiones futuras, es decir, que siempre habrá que recurrir a más deuda, según dijo.
Los diputados en la comisión, excepto del FMLN, cuestionaron a Cáceres que la reforma que plantean no resuelve el problema de las pensiones y le expusieron sus interrogantes pero también pusieron sobre la mesa algunas propuestas para mejorar el proyecto.
Carmen Elena Calderón de Escalón, de ARENA, propuso crear un comité técnico integrado por expertos en el tema previsional con representación de los trabajadores para mejorar la propuesta del gobierno y plantear los mecanismos idóneos para hacer las reformas.
Guillermo Gallegos, de GANA, subrayó que sería mejor dejar que sean los cotizantes los que decidan quedarse en el sistema de reparto mixto o que la administración pública maneje sus fondos, algo que también ARENA vio positivo.
El director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensión (Asafondos), René Novellino, ha dicho que el saldo de la deuda que ahora tiene el Estado con las AFP por tomar prestado parte del dinero de los trabajadores es de $4 mil 800 millones.
Cáceres señaló en su ponencia de ayer que el creciente aumento del déficit fiscal inició en 2006, cuando el saldo de la deuda de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) era del 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) y que en 2015 había subido al 13.8% del PIB; luego apuntó que para 2030 se prevé que la deuda alcance el 32.4% del PIB.
Pero el titular de Hacienda no lo ve sólo en el sentido de que el problema del déficit se da porque el gasto corriente es mayor que los ingresos que se recaudan, tal como lo cuestionan varios sectores, entre ellos la oposición política, sino en que el Estado tiene que cumplir con el compromiso de pensionar sin recibir fondos para esa obligación, y que de allí deriva la propuesta del gobierno de reformar el sistema previsional, afirmó también el Secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana.
Ambos manifestaron que esto es lo que los ha impulsado a diseñar un proyecto de reformas al sistema de pensiones que vendría en alguna medida a aliviar la crisis que ven venir cuando se jubilen las mujeres que cumplirán 55 años bajo el sistema de capitalización privado de las AFP, previsto entre 2017 y 2018.
Indicaron que tomar parte de los ahorros de los trabajadores que cotizan a las AFP le serviría al gobierno no sólo para responder a este segmento de la población, sino para seguir cumpliendo con el compromiso que tienen con los jubilados del sistema de reparto antiguo del INPEP.
Este grupo recibe una pensión vitalicia y algunos hasta una compensación denominada “VIP”, con el dinero que el Estado toma prestado de las AFP y por el que paga un porcentaje mínimo de rentabilidad que pasó del 1.2% al 3% y que subiría al 3.5%, si es que el presidente Salvador Sánchez Cerén sanciona el decreto aprobado en días pasados por la Asamblea y si la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema no pone reparos a la tasa aprobada porque no se ajusta al porcentaje (7%) que el Ejecutivo paga a inversionistas extranjeros.
Las consultas sobre el plan de reforma de pensiones seguirá la otra semana.