“De irresponsables”, así calificaron los empresarios las declaraciones que dio ayer el secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, quien acusó a las empresas de no pagar impuestos mientras financian a las pandillas a través del dinero de extorsiones.
“Estas son cuestiones políticas y eso mezclan. Lo que quieren es confundir a la población. Creo que no hay que mezclar la política con esto”, respondió la directora ejecutiva de la Asociación de Distribuidores de El Salvador (Ades), Sonia Jules.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), Ernesto Vilanova, dijo que “el gobierno quiere justificar la situación que los terroristas están provocando... sencillamente por la inefectividad del plan de seguridad”.
Ambos empresarios reaccionaron a lo que Roberto Lorenzana dijo en la televisora estatal sobre el cierre de operaciones de Agua Cristal, una división de Industrias La Constancia (ILC).
“La Constancia es una de las empresas que ha estado pagando a extorsionistas, ellos deben suspender esto”, dijo el funcionario. Él consideró que lo mejor es denunciar las amenazas pues si una empresa paga extorsión está financiando a las pandillas. Lorenzana fue más allá al opinar que se debería tipificar como delito entregarle dinero a grupos criminales pues están financiado la delincuencia.
Asimismo, subrayó que es lamentable que varias empresas paguen extorsiones y no paguen impuestos, aunque rápidamente aclaró que no era el caso de La Constancia.
“Me parece irresponsable la respuesta de ellos”, fue la reacción de la directora de Ades. Ella añadió que las empresas trabajan con la policía y la Fiscalía para tratar de reducir estos delitos. “Es un trabajo que no sé si el señor Lorenzana no conoce... Es lamentable que siendo el secretario no conozca, ni este más metido en la problemática”, expresó.
Respecto a la acusación de los impuestos, Sonia Jules respondió que no se debe seguir soportando mentiras por parte de los funcionarios.
“No es que la empresa tenga la culpa, si las empresas han pagado es para seguir dando trabajo, entrar a lugares y vender sus productos ¿por qué? Porque el gobierno no ofrece seguridad”, expresó.
Ernesto Vilanova agregó que “no es cierto que las empresas grandes no pagan impuestos... Si están sujetos a controles permanentes. Justificar una cosa por la otra es falta de respeto”.
Además coincidió con Jules al reconocer que las empresas se ven en la obligación de pagar extorsiones para proteger a sus empleados y sus familias. “Ellos no pueden reponer la vida de los que son asesinados por no pagar las extorsiones. Ellos sencillamente no responden”, criticó.
De acuerdo con Conapes a mediados del año pasado, el sector de la micro, pequeña y mediana empresa formal paga entre $30 y $60 millones al mes en extorsiones.
Vilanova dijo que el Gobierno ha perdido el control sobre la situación de violencia en el país y que medidas como el impuesto para seguridad no son efectivas porque se usan para dar a los policías un bono que considera ridículo.
Jules recordó que es obligación de las autoridades brindar seguridad a todos los salvadoreños. Aunque critiquen a las empresas “los que han muerto son empleados, gente que salimos a trabajar todos los días y no sabemos si vamos a regresar a casa”.
Durante la tarde de ayer la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) publicó en su cuenta de Twitter que se solidariza con los trabajadores y el pueblo salvadoreño “que son víctima de la delincuencia y de las extorsiones, especialmente los pequeños y micro empresarios”.
El viernes de la semana pasada se conoció que ILC cerrará de manera temporal las operaciones de envasado de Agua Cristal. La medida se debe a la situación de inseguridad en los alrededores del mercado La Tiendona donde se encuentra su planta.
Al cierre de esta nota no ha sido posible obtener una respuesta de la empresa sobre el efecto que esto tendrá en el empleo y el abastecimiento de agua envasada.
La Constancia es la holding de Agua Cristal, la principal empresa embotelladora de agua purificada de El Salvador, que proporciona 1,000 empleos directos entre la planta envasadora y la distribución que lleva el producto a más de 270 mil familias. ILC estima que su producción total (que incluye bebidas gaseosas y refrescos) representa un aporte del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Las declaraciones de Lorenzana se dan luego de que durante el fin de semana Sigfrido Reyes, quien tiene a su cargo al organismo encargado de atraer nuevas inversiones al país, consideró normal que una empresa cierre en una economía, sin hacer referencia al tema de inseguridad.