Al expresidente Mauricio Funes se le complica cada día el juicio por supuesto enriquecimiento ilícito al que está siendo sometido, ahora aparecieron 92 armas de fuego registradas a su nombre que no fueron mencionadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Una investigación del periódico digital El Faro reveló que en sus últimos días como presidente, registró a su nombre más de cincuenta armas de fuego que, sumadas a las que ya tenía registradas, totalizan 92.
El problema está en que el valor total de esas 92 armas podría incrementar en más de cien mil dólares los activos no justificados por parte del exmandatario, indicó ayer Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).Antes de conocerse la propiedad de las armas, los activos no justificados eran de poco más de 700 mil dólares, por lo cual, el 9 de febrero, los 15 magistrados de la Corte Suprema ordenaron que se le sometiera a un juicio civil.
Con el valor total de las armas a nombre del exmandatario ya no serían 700 mil dólares los que tendría que justificar, sino que aumentaría a 800 mil, tomando como parámetro que cada arma estuviera valorada en mil dólares.
Solo declaró que tenía una arma de fuego
De acuerdo con el magistrado González, la sección de Probidad de la CSJ no pidió informe sobre armas a nombre de Funes al Registro de Armas, sino que le pidió a él que diera detalles sobre las armas de fuego que poseía.
Funes sólo declaró que tenía una y que su valor era de 2,500 dólares.
Según Rodolfo González, con esa investigación periodística hay dos alternativas, una de ellas es que la Corte Plena lo haga del conocimiento de la Cámara que enjuicia a Funes, tal como lo hizo en el caso del diputado Reynaldo López Cardoza, cuando conocieron que habían dos inmuebles que no los había incluido en su declaración.
La segunda alternativa es que de oficio las magistradas de la Cámara agreguen esa cantidad (alrededor de 100 mil dólares) al incremento patrimonial no justificado que ya había detectado por la Sección de Probidad.
González enfatizó que ese es un tema que le corresponde verlo a la Cámara donde se ventila el juicio y no a la Corte.
Según el magistrado los datos revelados sobre las armas por El Faro podrían servir para que Probidad afine más sus investigaciones, indagando por ejemplo cuántas propiedad se puede tener con semovientes, con ganado, con registros de las alcaldías, acotó González.
Antes de ser presidente, Mauricio Funes era objeto de cobros mediante anuncios desplegados en periódicos.
Precisamente, en el juicio civil, Funes tendría que justificar el pago de deudas por un monto de unos 200 mil dólares.
Como consecuencia de la investigación por enriquecimiento ilícito, la Corte ordenó congelar cuatro cuentas bancarias, así como la inmovilización de bienes inmuebles y vehículos, que no podrá traspasarlos a nombre de otros mientras dure la investigación. Según las indagaciones, Funes gastaba miles de dólares en compras en exclusivas tiendas en el extranjero.
Buscarán información sobre viajes de Funes
En otro tema, pero siempre referente al expresidente Funes, Rodolfo González dijo ayer que están buscando otras fuentes de información de los viajes hechos por Funes durante su mandato presidencial.
“Estamos buscando otras fuentes donde se podrían tener documentados los viajes. Un viaje de un jefe de Estado no es una cosa que está guardado en una sola carpeta, en una sola gaveta. Hay varias fuentes de donde se puede obtener la información y estamos preparando un proyecto de resolución para dar instrucciones precisas a distintas instituciones y certificar a la Fiscalía General sobre el posible delito en el extravío de la documentación”, puntualizó el magistrado González.
Entre las instituciones donde, según el magistrado, se puede buscar información sobre los viajes de Funes, está la Dirección General de Migración y Extranjería, la Corte de Cuentas (por las auditorías de los viáticos) y, en el caso de la exprimera dama Vanda Pignato, en la Secretaría de Inclusión Social.
El magistrado también explicó que es el Ministerio Público a quien corresponde investigar lo que tenga que ver con una posible responsabilidad administrativa o penal por el extravío de esa documentación, tal como se los ha informó la Presidencia de la República.