En el artículo "La competencia en campaña electoral", expresé que los candidatos presidenciales están obligados a decirnos: a) cuál es su visión sobre la relación Estado-mercado, y b) las bases de su política de competencia.
En esta y las siguientes columnas se exponen sucintamente algunas opiniones al respecto.
La mejor visión es el libre mercado. Hay motivos filosóficos, jurídicos y pragmáticos para aseverarlo.
El motivo filosófico es que el valor más importante sobre el que descansa la dignidad humana es la libertad. Incluso destaca sobre la igualdad.
Esto lo confirma Peces-Barba, un prestigioso filósofo español y uno de los padres de la Constitución de ese país. No obstante ser un reconocido militante socialista afirmó: "La libertad es el referente central para fundamentar los derechos, y tanto la igualdad como la seguridad y la solidaridad tienen que identificarse y definirse en relación con ella".
En la economía hay libertad cuando las personas buscan satisfacer sus necesidades entre sí, sin la intervención del Estado. Deciden qué vender o comprar, a quién y bajo qué condiciones, y lo hacen negociando con otros que toman sus decisiones de igual forma. Todo esto se expresa mejor en el libre mercado.
El motivo jurídico aparece en la Constitución.
El art. 1 establece que la "persona humana" es el origen y fin de la actividad del Estado. Ese concepto no alude a un colectivo, sino a un individuo. Por ello la visión de la Constitución y del orden económico que ahí se fundamenta es principalmente promover y proteger al individuo.
Esto supone que tenemos una Constitución liberal. Por eso protege la iniciativa privada (art. 102), la libertad económica (art. 102), la libertad empresarial (art. 110), la propiedad privada (arts. 2 y 103), la libre contratación (art. 23) y la competencia (art. 110).
Sin embargo también establece que el orden económico debe responder a principios de justicia social (art 101) y que si el interés privado colisiona con el interés público priva el segundo (art. 246). Pero esto no es fundamento de la planificación centralizada. Significa que, no obstante la norma es que los individuos son los protagonistas de la economía, solo en los casos en que el interés público resulta afectado se justificaría la intervención estatal. De manera que la participación del Estado en la economía debe ser una excepción, nunca la regla.
Finalmente el principal motivo, el pragmático.
Para satisfacer nuestras necesidades a todos nos interesa que existan suficientes productos y servicios, y que estos sean baratos y de calidad.
Los caminos para lograrlo pueden ser: a) políticos administrando empresas públicas o decidiendo desde sus escritorios a quién proteger; o b) muchos empresarios compitiendo para producir lo que más valoramos, reducir sus costos, innovar, mejorar la calidad y reducir los precios, todo con el fin de atraernos como consumidores.
Para descubrir el mejor camino puede ser útil desempolvar las experiencias con ANTEL.
Recuerdo el calvario que pasó mi papá para que instalaran una conexión telefónica en nuestra casa. También recuerdo su abrupto cambio de expresión cuando en las facturas leía el cargo por las llamadas de larga distancia y de pocos minutos que semestralmente hacíamos a los parientes argentinos.
Hoy, a pesar de las fallas en el mercado de telefonía, mi papá, yo y otros (incluyendo a muchos pobres) satisfacemos nuestra necesidad de comunicarnos de una manera mucho mejor y más barata que en la época del monopolio estatal.
Sería iluso pensar que al entregarle la economía al Estado se la confiamos a un ente abstracto, sabio y bueno. Se la entregaríamos a los políticos. ¿Cree usted que ellos serían los administradores más justos y eficientes?
*Especialista en competencia.
Email:dolmedo@advise.com.sv
Twitter:@dolmedosanchez