La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) externaron su preocupación ante la desaparición en Casa Presidencial de la información sobre los viajes del expresidente Mauricio Funes y la ex primera dama, Vanda Pignato, pues considera que desde el inicio del proceso se violó la Ley de Acceso a la Información Pública.
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Jurídicos, recordó que fue la Presidencia quien informó durante el proceso ante el Instituto de Acceso a la Información que tenían la información y que la habían puesto en resguardo. Además, asegura que desde que se declara la reserva de la información es porque esta existe.
“Vemos con sorpresa que ahora dicen que la información se ha perdido. Yo creo que acá mas bien esa información se ha desaparecido y hay que investigar como se llega a ello, si hay mala fe y esto conlleva a responsabilidades penales”, manifestó Castro.
Consideró que la actuación de Casa Presidencial en este caso solo demuestra y pone “de manifiesto el desprecio a la Ley de Acceso a la Información Pública”.
Roberto Burgos, uno de los peticionarios iniciales de dicha información, afirmó que es obligación de los entes públicos tener políticas de resguardo de la información y recordó que durante el proceso ante el IAIP tanto él como la abogada Xenia Hernández advirtieron que “existía un riesgo real de que ésta pudiera ser destruida, alterada o extraviada por funcionarios que no apoyaban el acceso de todos los ciudadanos a dichos datos. El tiempo nos dio la razón”, dijo Burgos.
“Es lamentable ver como desde casa Presidencial se demuestra una negligencia en el manejo de información pública relevante para los ciudadanos, además de demostrar que no son buenos administradores de las funciones que como empleados del pueblo se les han otorgado y establecido por la Ley”, cuestionó Xenia Hernández.
La abogada de Funde -Alac, asegura que la entidad encargada de resguardar esa información es la Secretaría de Transparencia, cuyo titular es Marcos Rodríguez, el mismo que dio a conocer en su cuenta personal de Twitter que no se encontró esa información en la sección jurídica de la Presidencia.
“Al reformarse el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE) la Subsecretaría pasó a ser la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción y bajo esta se encuentra el Oficial de Información de CAPRES”, apuntó.
Burgos cuestionó que la Presidencia salga a decir ahora que la Sala de lo Constitucional debe evaluar si ha cumplido o no con dar la información que se encontró. “Es un argumento contradictorio. No hay ningún grado de cumplimiento que evaluar, simplemente no se está cumpliendo”, recalcó Burgos.