Kevin Casas-Zamora: “Las misiones de observación han señalado la falta de transparencia que tiene El Salvador”

El estudio “El costo de la democracia”, plantea el oscuro mundo del financiamiento de las campañas electorales, los peligros de incursión del narcotráfico en los gobiernos locales y la falta de aplicación de las leyes.

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Kevin Casas-Zamora

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04 March 2016

El académico de El Diálogo Interamericano, Kevin Casas-Zamora es autor del estudio que revisa el sistema de financiamiento de las campañas políticas en América Latina y el impacto que esto tiene para la democracia en el hemisferio.

En entrevista con El Diario de Hoy, el autor que,  junto al investigador Daniel Zovatto, han puesto sobre la mesa con esta investigación presentada en un libro de 112 páginas,   los serios desafíos que presenta el control de la financiación de políticos, los que  pagan favores a sus donantes durante sus mandatos y cómo estas tramas crean ambientes propicios a la corrupción. 

¿Cómo han sistematizado la información para este estudio sobre el financiamiento de campañas electorales en la región?
Es fruto de varios años de investigaciones y lo que hicimos es poner junta y de manera ordenada mucha información dispersa que hay sobre el financiamiento de campañas en América Latina, aunque el segundo ensayo también incluye Estados Unidos y Canadá. 

¿El libro puede dar luces para ver qué países han mejorado y los que han empeorado los controles?
Casi en todos los países han ido regulando de manera adecuada el financiamiento, con algunas excepciones. Uno de los países donde más bien en términos de su marco normativo han echado para atrás casi todas las regulaciones que había es Venezuela; lo cual parece interesante, incluso Venezuela es hoy por hoy el único país donde no hay subsidio del Estado a los partidos y las campañas, lo cual se entiende porque hay un intento del gobierno de negarle recursos a la oposición para que no pueda competir.

¿Que existan las normativas entonces no garantiza que se apliquen en la práctica?
El gran problema, que no es exclusivo de América Latina, es que muchas de esas regulaciones no se aplican en la práctica, sea porque no están respaldas por sanciones adecuadas, o porque la autoridad electoral y encargada de hacer cumplir esa normativa no tiene los recursos ni las prerrogativas legales para hacerla aplicar, o porque a la hora de legislar hubo problemas de diseño en la legislación, por diferentes razones hay grandes problemas para hacer aplicar estas regulaciones.

¿En la presentación del libro se habló mucho de la relación entre campañas políticas y corrupción. Viendo el Triángulo Norte de Centroamérica que ha tomado notoriedad en buena parte por estos tópicos. Cómo se ve la región en este contexto?
Este es un tema de enorme importancia en toda Latinoamérica, pero en el caso de Centroamérica presenta aristas de particular urgencia por la presencia del narcotráfico, es un tema por el que los países centroamericanos se lo tienen que tomar con particular urgencia. Por diferentes razones, en los casos de corrupción en Honduras y Guatemala, que han transcendido en los últimos dos años, tienen un componente de financiamiento de campañas, al igual que en Brasil y Chile. 

¿Y el narcotráfico también?
Sí, no se habla públicamente, pero todo el mundo sabe de la participación del crimen organizado; esto es muy importante porque no es un fenómeno solo de Centroamérica, es un accionar del crimen organizado y casi en todos los casos se da a través del nivel local de la política. El ámbito local es el eslabón más débil del sistema político en términos de riesgo de penetración del crimen organizado.

¿Se refiere alcaldes, diputados y otras autoridades regionales?
Por motivos bastante claros, por un lado, porque desde la óptica de las organizaciones criminales es muchos menos expuesto y más barato capturar instituciones al nivel local; o sea el narcotraficante no necesita comprar al ministro de Hacienda, necesita comprar al funcionario de aduanas, no necesita comprar al ministro de Seguridad, necesita comprar al jefe de policía de una localidad determinada. También porque los controles que existen sobre el financiamiento, tanto los legales como los sociales en este caso la prensa, muy raras veces llegan al nivel local; rara vez la prensa le para bola a las elecciones de un municipio.

Usted ha participado en las misiones de observación electoral en El Salvador, considerando que una elección es el resultado final de un proceso de financiamientos en buena parte. ¿Qué observaciones se han hecho en este país y como se le ubica con los puntos ya expuestos?
El Salvador ha hecho un esfuerzo normativo reciente para transparentar su sistema, era uno de los que hasta hace tres o cuatro años prácticamente era el sistema más cercano a la ley de la selva en América Latina, con un sistema donde prácticamente la única regulación que había al financiamiento político era el subsidio que recibían los partidos, y no había controles de ninguna especie ni transparencia. Eso ha ido cambiando.

¿Los señalamientos de la OEA..?
Las misiones de observación electoral como las de la OEA han señalado repetidamente la falta de transparencia que tiene El Salvador en esta materia, que como repito no es un problema de El Salvador ni de algunos países, es una cuestión más amplia. Donde quiera que uno va a observar elecciones la verdad que llega a la conclusión de que sea lo que sea que diga la legislación, en la práctica no sabemos nada de quien financia las campañas y en El Salvador es uno de estos casos.

¿Ustedes han tocado en su investigación el tema de las campañas paralelas que son cada vez más comunes en países como El Salvador?
Ese es un tema importante, no solo en El Salvador, se da en muchos países, todo aquella cosa que empezó en México con los Amigos de Fox, se ha dado en otros países, con una serie de estructuras paralelas que recaudan fondos y gastan fondos durante las campañas, ese es un tema muy importante, creo que una de las claves para que la legislación se aplique es centralizar la responsabilidad financiera de los partidos.

¿Cómo así?
Que haya normas en los países que aseguren que la responsabilidad financiera está individualizada, que haya alguien responsable. Eso por ejemplo, en el caso de Costa Rica ha sido una reforma fundamental, porque antes del 2009 tuvimos casos de escándalos por irregularidades en el financiamiento de las campañas que terminaron impunes porque las normas que existían decían que el partido era responsable si había una violación a la legislación de control del financiamiento. Era el partido en general, no decía el tesorero del partido, ni secretario general. Individualizar las responsabilidades financieras durante las campañas es fundamental y centralizarla en los partidos. Creo que esa es una de las claves para que la legislación sea efectiva.