La Presidencia de la República respondió ayer a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre los viajes del ex presidente Mauricio Funes. Sin embargo sigue sin encontrar la documentación que permita consignarlos para cumplir con un mandato del máximo tribunal del país en un proceso de amparo solicitado por un ciudadano.
Esto lo confirmó el secretario de participación ciudadana y anticorrupción del gobierno, Marcos Rodríguez, quien también se desempeñó como subsecretario de transparencia de Funes, a través de su cuenta de Twitter.
“Reiteró sección jurídica de Presidencia a Sala que no encuentra documento de viajes de Funes y ayer avisó a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue y deduzca responsabilidades”, indicó Rodríguez.
Sin embargo el secretario de comunicaciones del gobierno, Eugenio Chicas, dijo anoche que habían enviado, en los tres días hábiles que le dio la Sala, la documentación “que se encontró” y que le pidieron a la FGR que investigue sobre aquellos expedientes extraviados o que no se encuentran en Casa Presidencial (Capres).
“Ayer se envió el informe, nosotros hemos cumplido el requerimiento de la información que disponemos pero en aquella donde hay vacíos o no se han subsanado se ha puesto entre semana un aviso a la Fiscalía para que esta emprenda las investigaciones del caso y determine su ubicación”, dijo el funcionario.
Chicas agregó que espera que la Sala “califique” el grado de cumplimiento en la entrega de la información y que sus magistrados determinarán si hace falta entregar archivos complementarios.
“La información que disponemos se hizo llegar, se entregó, si hay vacíos la Sala lo determinará o será en el proceso que llevará a cabo la Fiscalía, si es información de viajes que no existe o que no se registró, ellos lo verán”, agregó el vocero gubernamental.
Por su parte Danilo Vega, quien presentó la demanda de amparo contra la Presidencia y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en diciembre pasado, dijo que aun no ha sido notificado sobre el envío de información y que será la Sala la que revisará si la información presentada por Capres está completa o no, incluyendo los gastos protocolarios de atención a invitados internacionales.
“Yo esperaré a que la Sala corra traslado (notifique) a las partes sobre esto, es un proceso largo hasta que se tenga una resolución final que haga públicos los viajes y los gastos o los mantenga reservados”, indicó Vega.
Hay que recordar que l 26 de febrero pasado la Presidencia solo remitió la información de gastos de publicidad, y comunicó que había extraviado el resto de la información relativa a viajes y gastos protocolarios.
La secretaría de asuntos jurídicos y legislativos de Presidencia clasificó como reservada la información de viajes de Funes y de Pignato el 30 de enero de 2013 y la información sobre los gastos en atención protocolaria fue reservada el 3 de junio del mismo año por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.
También es de destacar que la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de Capres ha dado tres distintas versiones como excusa para no entregar la información de los viajes del expresidente Mauricio Funes y su entonces esposa, Vanda Pignato.
Ante la primera solicitud, hecha por El Diario de Hoy a finales de 2012, la OIR se tomó más tiempo del que establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y dilató el proceso, sin embargo nunca sostuvo que la información era de carácter restringido.
Capres envió una prevención pidiendo que la solicitud se enviara escaneada, luego de lo cual solicitó 10 días hábiles, pero pidió cinco más amparándose en la LAIP. Nunca entregó la información
Entre los argumentos, el oficial de información de la Presidencia, Pavel Cruz, aseguró que no trataba de dilatar la entrega de la información sino que, para garantizar la integridad y delimitación de la misma, se requería de un “esfuerzo adicional” por parte de Capres.
El director del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Burgos, dijo en su momento que habían solicitado dicha información desde 2012, pero que fue hasta en marzo de 2013 cuando Capres modificó su argumento y señaló que la información solicitada era de carácter reservada.
En la resolución, el oficial de información de la Presidencia aseguró que dicha información implica el control de las actividades de logística, transporte y gastos para la protección del Presidente de la República, primera dama y de los funcionarios que lo acompañan en su comitiva y que “constituye materia ligada a la inteligencia del Estado” y porque se está protegiendo la seguridad pública y la defensa nacional.
Para remarcar esa justificación, Capres fue más allá en su argumento, al asegurar limitar los derechos de información en este caso tiene menor envergadura que las seguridad e integridad de los funcionarios en cuestión.
Pero no solo la OIR de Capres reforzó la excusa que le había llevado a mantener ocultos los datos sobre los viajes de Funes, sino que fue éste quien declaró reservada la información a mediados de junio de 2013, ordenando que se desclasificara hasta 2017. Dicha reserva fue ratificada por el presidente Salvador Sánchez Cerén.
En julio de 2014, Capres remarcó que los gastos de viajes y atenciones protocolarias era información que podría afectar la seguridad nacional y la vida e integridad del mandatario y su exesposa.
Cruz cambió de nuevo su justificación, y afirmó que “no se está negando información de todos los funcionarios... sino solo del presidente y de la primera dama”.
Capres logró mantener su excusa de no dar información, ya que en enero y agosto de 2015, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió que los viajes de Funes y su exesposa debían mantenerse en secreto, pues están relacionados con la seguridad del mandatario en funciones.
No obstante, frente a la negativa de revelar la información Danilo Vega presentó en diciembre de 2015 una petición de amparo, que fue aceptada.