Vivir en democracia tiene un costo. Es un privilegio que se obtiene ajustándose al Estado de Derecho, acatando la voluntad de las mayorías y abriendo los espacios a las minorías para que estas exijan una efectiva rendición de cuentas. Irrespetar esas máximas representa un riesgo para la forma de gobierno que podría derivar en una dictadura o un totalitarismo. La posibilidad de expresarse, criticar, iniciar una empresa, ejercer una profesión, asociarse, manifestarse públicamente o aspirar a un cargo público, son consecuencias directas de un orden democrático que fomenta la separación de poderes, la independencia de las instituciones y la imparcialidad en la aplicación de la ley.
La democracia necesita también de una inversión económica. Sin dinero no hay elecciones y sin elecciones el sistema político colapsa. La periodicidad de los comicios, rasgo principal de toda sociedad libre que permite la renovación de los cargos de elección popular, simplemente quedaría anulada. Con esta desaparecería también la aspiración de todo individuo para acceder al poder político. Ante semejantes consecuencias, condicionar el presupuesto de un evento electoral a la aprobación de un préstamo, es equivalente a repudiar uno de los derechos políticos de mayor calado. Significa menospreciar la voluntad popular y dejar de lado los valores cívicos de un pueblo que luchó por décadas para construir un país equitativo, justo, solidario e inclusivo.
La posibilidad que la falta de dinero sea el pretexto para no financiar las campañas informativas orientadas a incentivar el voto ciudadano, crece en la medida que se prolonga la discusión por la aprobación del presupuesto que necesita el TSE para las elecciones presidenciales. La prueba es que la publicidad del organismo electoral para la actualización de la dirección en el DUI con el objeto de aprovechar el voto residencial fue prácticamente invisible. Si los acontecimientos siguen el mismo ritmo, es muy probable que tampoco se divulguen los requisitos necesarios para votar desde el exterior ni el plazo con el que cuentan los jóvenes para obtener por primera vez el DUI y en consecuencia para estrenarse como electores en 2014.
La sospecha de la complicidad en el retraso de estas decisiones se pondrá de nuevo sobre la mesa. La timidez con la que se promueven los derechos políticos podría interpretarse como una acción concertada de los partidos para evitar que los habitantes ejerzan su derecho a elegir gobernantes. Probablemente sin acordarlo expresamente, los cálculos o la falta de ellos, acerca de a quién beneficiará el sufragio de los compatriotas en el exterior y el acercamiento de las urnas al domicilio a través del voto residencial, motivan equivocadamente a los institutos políticos a limitar el acceso a la información sobre los instrumentos que facilitan el voto ciudadano.
El desacuerdo entre la autoridad electoral y el Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto de las elecciones provocó una consecuencia adicional. El TSE presentó un plan para disminuir "los costos logísticos" que representa la organización de un evento comicial. Ahora habrá menos "Juntas Receptoras de Votos" en las presidenciales de 2014 y en consecuencia aumentará el número de electores en cada urna. Si el padrón electoral se incrementará en casi cinco millones de habitantes, lo lógico es aumentar el número de juntas para evitar la aglomeración de personas.
En teoría la regla de oro en el sistema electoral es "facilitar el ejercicio del sufragio a los votantes". Sin embargo, con la medida señalada, que dicho sea de paso contó con el apoyo legislativo, no se contribuye al cumplimiento de ese objetivo. De no lograrse un consenso respecto del financiamiento de las elecciones, nos arriesgamos a sumar a la "lista de ahorros" la postergación del voto residencial en el cien por ciento del territorio nacional y la implementación de "planes pilotos" para el voto desde el exterior, que no incluiría a los tres millones de salvadoreños que integran a la diáspora, sino a unos cuantos "hasta donde alcance la cobija".
No contar con los recursos para garantizar la continuidad del sistema democrático es síntoma de una enfermedad aún más grave. Una dolencia que podría hacer agonizar a nuestras instituciones. Se trata de una polarización cuyos decibeles han aumentado y que muestran señales, aunque aún muy prematuras, de parálisis para la toma de acuerdos en aspectos fundamentales para el funcionamiento del Estado. La esperanza es que la sociedad presione para que la tos no se transforme en neumonía y por el contrario incentive un diálogo transparente que encamine al país hacia la senda del desarrollo.
*Columnista de El Diario de Hoy.