Pese a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya tomó la decisión de enviar a juicio al expresidente Antonio Saca por presunto enriquecimiento ilícito, el expediente aún no ha sido remitido a la Cámara de lo Civil correspondiente para que inicie el proceso.
Desde que los magistrados tomaron el acuerdo de remitir el caso a la instancia judicial antes mencionada, ha pasado una semana.
Lo que fuentes judiciales confirman a este periódico es que solo siete de los 13 magistrados que ya dieron su voto han firmado el documento remitido por la sección de Probidad, en el que se plasman varias irregularidades a la declaración de bienes al exmandatario por $5 millones.
De los magistrados que se conoce que ya firmaron la resolución están Armando Pineda Navas, Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y María Luz Regalado. Belarmino Jaime se encuentra fuera del país, según se informó.
El pasado 23 de febrero, cuando se conoció la decisión de Corte Plena, se informó que solo dos magistrados se abstuvieron de votar en ese momento. Ellos son: Ovidio Bonilla y Ricardo Iglesias (suplente de Óscar López Jerez).
No se firmó el documento ese día porque, según se supo, había que realizar una serie de correcciones menores, aspectos de forma, al documento.
Ese mismo día la Corte entregó los exámenes de auditoría realizados a los bienes muebles e inmuebles tanto de Saca como de su predecesor, Mauricio Funes, a la Fundación Nacional de Desarrollo (Funde).
En dicho informe, Probidad basa su petición de abrirle a Saca proceso por presunto enriquecimiento ilícito tras haberle detectado 13 “irregularidades” , las que inicialmente hacían una suma de $6.5 millones, pero tras justificar algunos de estos rubros, la cifra se redujo a $5 millones.
En el estudio también se le detectó cuatro cuentas que no fueron reportadas a Probidad, al igual que propiedades y vehículos. Tanto las cuentas como la mayoría de propiedades no reportadas, Saca justificó ante Probidad que no habían sido plasmadas en sus declaraciones debido a que eran usadas por las empresas Samix y Promotora de Comunicaciones, y por lo tanto, no eran parte de su patrimonio.
También hay dos reparos de Probidad a la esposa del exmandatario, Ana Ligia Mixco de Saca, por no justificar $508 mil 242.