La encargada de relaciones públicas de la organización feminista Cemujer, Ima Guirola, calificó como “bochornoso, repudiable y condenable” la fiesta que se realizó en el penal de Izalco, Sonsonate, donde participaron mujeres en el contexto de la tregua que facilitó el gobierno entre las dos pandillas del país.
Ademas consideró que el Estado actuó como un “proxeneta” ya que se contrató a las bailarinas para ser utilizadas “como mercancías” por parte de los reos, según la representante de Cemujer.
“Estos hechos han salido a la luz y ratifican un secreto a voces, hay claras estructuras del Estado y cadenas de mando que forman parte de la violencia institucionalizada que afecta a la mujer salvadoreña y en este caso si el gobierno pagó a las bailarinas está cayendo en un posible delito”, reflexionó Guirola.
Por ello consideró que la Fiscalía General de la República debe deducir responsabilidades porque, a raíz de los beneficios de la tregua, la violencia sobre la mujer “se ha incrementado” en zonas de riesgo y han aumentado los desplazamientos en el país por las amenazas de las pandillas sobre las mujeres.
“Hay que investigar si incluso hubo sometimiento sexual porque la violencia sobre la mujer y la impunidad están institucionalizadas en el país por todos estos hechos y el silencio del Estado”, recriminó Guirola.
Por su parte, la diputada Martha Evelyn Batres, de ARENA, exigió al fiscal, Douglas Meléndez, que investigue qué les pasó después a las mujeres que llegaron a entretener a los pandilleros. Ella y la diputada Margarita Rodríguez, del FMLN, ambas integrantes del Grupo Parlamentario de Mujeres, estimaron que las jóvenes que aparecen en los vídeos son “víctimas” de la utilización de género.