La Corte de Cuentas de la República es una instancia creada para velar por el buen manejo de los fondos públicos, así como para propiciar un ambiente de eficiencia en la gestión pública. Pese a la aspiración constitucional, en la práctica ha sido una institución con baja credibilidad y tachada de estar "secuestrada por los partidos políticos".
En artículos anteriores me había referido a la importancia de contar con una Ley para la Función Pública y la urgencia de la reforma y modernización de la Corte de Cuentas.
Ambos temas se mantienen en la agenda nacional, particularmente por la sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional en la que se declara inconstitucional el decreto legislativo por medio del cual se eligió al presidente y magistrados de la Corte de Cuentas.
La tentación de simular cumplir con la sentencia se mantiene en el ambiente político. Desde ahora hasta el 22 de marzo del presente año (fecha límite para la elección), se perfila como un período de nuevas negociaciones políticas, más que una verdadera oportunidad para asegurar los requisitos de honradez y competencia notorias.
Una de las formas de atacar la sentencia ha sido invocar que los actos como la elección de funcionarios de segundo grado no son objeto de control constitucional. Esta teoría ha sido desestimada varias veces por la Sala de lo Constitucional en recientes sentencias, que incluyen la de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General de la Republica. El espíritu de la Constitución de 1983 fue no dejar zonas exentas de control constitucional.
La Sala de lo Constitucional no es la que examina las cualidades personales de los candidatos en elecciones de segundo grado, obviamente eso es potestad exclusiva de la Asamblea. Pero sí se debe rendir cuentas sobre la verificación del cumplimiento de estos requisitos constitucionales, evitando criterios partidistas.
Lo primordial es garantizar la calidad de los funcionarios que estarán integrando la CCR, pues su profesionalismo y honradez se traducirán en independencia de las instituciones, incluyendo al Órgano Ejecutivo, que ejecuta la mayor parte del Presupuesto Nacional, así como los municipios cuya presencia territorial es más cercana a la ciudadanía.
Recordemos que estos tres magistrados además, conforman la Cámara de Segunda Instancia, ejerciendo un rol de jueces e impartiendo fallos trascendentales que no se limitan a los objetivos del buen uso de los recursos, sino que también evalúan la gestión de las instituciones públicas. Dentro de las auditorías de gestión es que la CCR ha justificado tener en sus planillas de profesionales especialistas en nutrición, psicología y cirugía dental, con el afán de analizar cuestiones de complejidad técnica. Debe analizarse la pertinencia de una burocracia de esta naturaleza y buscar las mejores prácticas internacionales.
Se debe evitar que la injerencia partidaria provoque prácticas de chantaje y persecución política. Funcionarios me comentan cómo a veces limitan su actuar, más preocupados por el miedo de ser perseguidos mediante auditorías ad hoc, entorpeciéndose así el quehacer del Estado y descuidándose la eficiencia y el buen manejo de los recursos. Basta recordar casos de solvencias extendidas a funcionarios de forma sorpresiva y apresurada, mientras otros pasan años justificando sus actuaciones. ¿Qué pasa con todo esos casos que no se fiscalizan, en los que no se vigila el gasto público y se dan evidentes malversaciones, que pasan abajo del radar de las instituciones que combaten la corrupción?
Si se vuelve a realizar un proceso atropellado e irreflexivo no habremos avanzado mucho. Se requiere que el proceso que siga la Asamblea sea deliberativo, público y transparente, en el cual se puede hacer uso del canal televisivo con el que ya se cuenta para dar a conocer el proceso de entrevistas. Debe valorarse toda la información pertinente como lo son: casos abiertos y cerrados de juicios de cuentas, reparos de la Sección de Probidad, informes de la Fiscalía General de la República acerca de causas penales que estén en diferentes instancias. No todo se logra con solvencias sino que con un análisis exhaustivo y comparado entre los candidatos y sus atributos de honradez y competencia, que si bien son indeterminados, no se pueden flexibilizar al punto que se diluyan.
*Columnista de El Diario de Hoy.