La negociación entre el Gobierno y las pandillas ha sido erróneamente bautizada como "la tregua". Esto no fue por accidente. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, como he señalado en este mismo espacio en el pasado, emplea ingeniosos juegos de palabras para proyectar el intercambio de beneficios entre las autoridades y las estructuras delictuales, como el resultado de una milagrosa epifanía que hizo cobrar conciencia a los más sanguinarios cabecillas pandilleros que su estilo de vida de criminal era condenable. "La tregua" es un malabar semántico del Estado.
Esas dos palabras han tenido varios compañeros en su recorrido por las bocas de analistas y las plumas de reporteros. Términos como "proceso de pacificación" y "mediadores", que también buscan disfrazar la negociación entre el Estado y las pandillas como algo más potable y menos oscuro, han sido protagonistas en las historias y debates difundidos por periódicos, noticieros y programas televisivos y radiales. Similarmente, se han empleado calificativos positivos, como "valiente" y "progresista", para etiquetar a quienes apoyan el pacto pandillero y, de esa forma, motivar a que más lo hagan.
"La tregua", no obstante, es el que se emplea con más frecuencia para referirse a la cuestionable iniciativa oficial. No precisamente por que las personas estén convencidas de que, en efecto, la historia pregonada por el Ejecutivo es cierta. Los resultados de algunas encuestas, de hecho, revelan que la mayoría de la ciudadanía no cree en ella. La sencillez y diminuto tamaño de "la tregua", entre otras cosas, opacan la inexactitud de su referencia y, al mismo tiempo, contribuyen a la popularidad de su uso.
Detrás de ese sencillo término se esconde, sin embargo, un enredado nudo de intereses personales y políticos que hacen que las interpretaciones y pronósticos en relación a variaciones en lo pactado, arrojen resultados complicados. Después de estos meses, por ejemplo, es evidente que el Gobierno está dispuesto a invertir lo que sea necesario para mantener vivo el espejismo que ha fabricado. Esto, lógicamente, inclina la balanza de poder en favor de los pandilleros y favorece su posición dentro de la negociación que mantienen con las autoridades. Sería políticamente catastrófico para el Ejecutivo que el frágil acuerdo se derrumbe y, por lo tanto, su defensa es acérrima.
Agendas escondidas, engaños y estratagemas presentes en las pláticas entre el Gobierno y las estructuras criminales, tienen el potencial de afectar el acuerdo que han alcanzado y, en consecuencia, los beneficios que en apariencia se han generado. Hasta el momento, sin embargo, esto no ha probado ser lo suficientemente poderoso (o quizás perceptible) para anteponer sobre los beneficios intercambiados en el proceso de negociación. La efervescencia política de 2013, un año preelectoral, hace que sea poco probable que el Estado abandone su acercamiento a la cúpula de mando pandillera.
Las posiciones externadas por dos de los principales candidatos en relación a la oscura negociación propiciada por las autoridades estatales, son congruentes con este pronóstico, ya que en ellas se: (1) señala la falta de transparencia con la que las autoridades han tratado su pacto con cabecillas pandilleros; (2) descarta la adopción de oscuros acuerdos con criminales de ser electos; (3) promete un combate frontal y decidido contra la criminalidad.
Aunque las estadísticas oficiales reflejan una disminución en los homicidios registrados, las comunidades más vulnerables y populares siguen siendo victimizadas y atemorizadas por pandilleros, quienes no han abandonado su estilo de vida criminal y no lo harán en el próximo año. Los candidatos, en consecuencia, seguirán manteniendo su posición en relación a la negociación y el Gobierno luchando por mantener con vida la farsa que creó. La seguridad pública salvadoreña seguirá, por lo tanto, operativamente estancada y su deterioro se continuará agudizando.
*Máster en Criminología
y Ciencias Policíacas.
@cponce_sv