En 2014 no sólo elegimos presidente, decidimos el rumbo del país.
Por eso la campaña electoral, en lugar de promocionar personajes, debería divulgar planes de gobierno.
Es importante quién será el capitán de este barco, pero debería preocuparnos más su carta de navegación. ¿A dónde pretenden llevarnos?
Además de decir qué planean hacer con la educación y la salud y cómo enfrentarán los problemas en la seguridad y finanzas públicas, deben aclarar qué quieren hacer con la defensa de la Competencia. ¿Habrá una política de Competencia? ¿Qué contenido tendrá? ¿Qué papel jugará la Superintendencia de Competencia?
Una opción es evadir el tema y dejarlo todo a la inercia. Pero depositamos tributos y poder en individuos para que gobiernen, no para que vegeten. De manera que merecemos conocer las intenciones de los candidatos respecto al tratamiento de la Competencia.
La Competencia es el corazón de la economía de mercado. Por eso, para que los candidatos formulen un plan sobre su defensa primero deben definir su visión respecto a la relación Estado-mercado. Esa tarea les obliga a aclararnos si quieren una economía con: 1) planificación centralizada; 2) con intervenciones públicas estratégicas, o 3) con un mercado libre.
La primera visión --la planificación centralizada-- plantea un Estado que interviene activamente en la economía. Esta opción asume que los burócratas y políticos son los mas eficientes y justos administradores de la economía.
En ese país es el Gobierno el que toma las decisiones. De manera que la dinámica entre empresas y consumidores (si es que ocurre) ocupa un lugar marginal.
Si ese es el país que se quiere, la defensa de la Competencia carece de sentido. Restarle protagonismo al mercado implica, ineludiblemente, marginar la Competencia y su defensa. Ahí la superintendencia sobra o se desnaturaliza.
En la segunda visión, aunque se reconoce el protagonismo del mercado, el Gobierno ejerce su influencia decisiva en sectores que considera estratégicos.
Mediante empresas estatales, subsidios, regulaciones o barreras arancelarias el Estado concede una protección especial a empresas o sectores que considera importantes para alcanzar fines de interés nacional.
Aquí la política industrial opaca a la política de Competencia. Esto implica que la superintendencia no aplicará la Ley de Competencia o lo hará de un modo particular a aquellas empresas protegidas por el Estado.
Al definir cuáles sectores son estratégicos se identifican dos riesgos: 1) que se haga clientelismo corporativo protegiendo a patrocinadores o amigos, y 2) que el burócrata de turno se equivoque; él regresará a su casa al terminar su período y nosotros financiaremos y sufriremos las distorsiones provocadas por su mala decisión.
La tercera visión es el libre mercado.
El Estado enfocaría sus energías y recursos en ejecutar eficientemente las tareas que le son inherentes (prestar educación y salud pública, garantizar la seguridad, impartir justicia y poco más) y el destino y responsabilidad de la economía se nos entrega a los consumidores y empresarios.
En este escenario es donde resulta más importante la política de Competencia y la superintendencia adquiere un mayor protagonismo.
La apuesta al libre mercado obliga a defender con mayor ímpetu el motor que impulsa y da sentido al sistema: la Competencia. Esto obedece a que en un país bajo esta visión las prácticas anticompetitivas tienen mas impacto, por ello es justificable castigar con mayor rigor a quien burle al mercado cometiéndolas.
Es responsabilidad de los candidatos plantearnos con franqueza su visión de la relación Estado-mercado, y sobre esa base detallarnos su plan respecto a la defensa de la Competencia. Nuestra responsabilidad es analizar las distintas opciones y elegir la que consideremos que tiene mas posibilidades de conducirnos al desarrollo. Para eso somos ciudadanos.
*Especialista en competencia.
Email: dolmedo@advise.com.sv
Twitter:@dolmedosanchez