La semana inició con el bloqueo de carreteras y fronteras y de algunas avenidas en la capital del país. En esta ocasión los protagonistas fueron los desmovilizados de la Fuerza Armada. Las demandas de los distintos sectores se están agudizando y el Gobierno debe encontrar una respuesta para evitar la prolongación de los conflictos. Al final, la casi totalidad de peticiones presionan el gasto público. El riesgo de consentir a las aspiraciones de los conglomerados sociales en un año preelectoral es grande. Si bien todo ruego es atendible, principalmente cuando se trata de justas reivindicaciones, es importante establecer un límite que evite aumentar aún más el deterioro en el que se encuentran las finanzas públicas.
Los meses previos a los eventos electorales, sobre todo cuando se trata de comicios presidenciales, representan un espacio "dócil y blando" en el que se "cede lo solicitado" con tal de ganar la simpatía de los electores. Los funcionarios suelen descuidar sus expresiones públicas e insinúan apoyos a la continuidad o al cambio e intentan satisfacer todo tipo de pretensiones. Así sucede con los proyectos de ley y con diversos programas gubernamentales que pasan de políticas públicas serias a estrategias populistas y clientelares.
Las tentaciones surgen por docenas. Se adecúa la legislación electoral a los intereses de los competidores, la publicidad gubernamental se orienta a persuadir a los ciudadanos en favor de uno u otro candidato y se desempolvan casos de presunta corrupción, con pruebas o sin ellas, con el único objetivo de afectar al adversario político.
Por esta razón es importante que se revise la ley para prevenir una gran variedad de manipulaciones. Prohibir las reformas electorales y la publicidad gubernamental en los seis meses anteriores a la celebración de los comicios, es una de las medidas que otros sistemas utilizan para evitar conductas inadecuadas por parte de todos los pretendientes a la silla presidencial. En el caso salvadoreño existen normas que restringen la inauguración de obras con un plazo previo al día de las elecciones, pero aparentemente no ha sido suficiente.
Como en otros ámbitos, en la competencia electoral existe un árbitro y reglas que deberían propiciar condiciones de igualdad para los contendientes. En la medida que unos cuentan con más recursos que otros, o tienen acceso a los medios de comunicación con preferencia a sus contrincantes y además presentan la posibilidad de echar mano ilegalmente de los recursos del Estado, la "mesa se desnivela" y la voluntad popular se distorsiona a favor de quienes incumplen las normas establecidas.
La excusa que estas prácticas se han utilizado desde siempre y el cuestionamiento del porqué se reclama su uso ahora y no antes, ya no es válida. Las sociedades evolucionan y con ellas los ciudadanos que las integran. Antes también se permitía la esclavitud, se excluía a las mujeres del derecho al sufragio y se aplicaban actitudes racistas. Si es necesario reconocer errores, debería procederse a ello y de inmediato corregir los malos hábitos. No debemos estancarnos ni continuar con "la regla del más astuto", pues los ciudadanos pasarán factura al sistema y reclamarán el surgimiento de liderazgos individualistas que no respetan el orden constitucional ni las reglas democráticas.
Para el Tribunal Supremo Electoral estos son momentos de "temporada alta". La vigilancia ante el incumplimiento del Código Electoral y la imposición de sanciones constituyen su pan de cada día, o en teoría es lo que deberíamos esperar. Es el llamado a mantener la estabilidad durante un período en el que los ánimos están cargados y las pasiones exaltadas. Una autoridad débil y sin recursos no es garantía de nada. Por esta razón deben atenderse los llamados de fortalecimiento presupuestario que ha manifestado el Magistrado Presidente. Para el 2014, el Tribunal tendrá que aplicar el voto residencial en la totalidad del territorio nacional; asimismo, de aprobarse el voto desde el exterior, el TSE desplegará toda una logística para su implementación; y finalmente la entidad necesita el presupuesto extraordinario para atender el evento presidencial en febrero del próximo año y en el caso que sea necesario celebrar una segunda vuelta, organizar nuevas elecciones para el siguiente mes.
Los ciudadanos también tenemos responsabilidades durante estas jornadas. Estamos llamados a informarnos sobre las propuestas de los candidatos, a exigir debates y a plantear dudas. En una sola expresión, se nos impone la obligación de construir democracia. Si somos indiferentes hoy, no tendremos el derecho a quejarnos mañana.
* Columnista de El Diario de Hoy.