Un reconocido empresario salvadoreño señaló que el Gobierno, por mucho que se trace como meta lograr crecimientos en el PIB, no va a poder lograrlo sólo con su gabinete económico, ni tampoco accionando sus dependencias de Estado. Lo mismo sucede para la atracción de inversiones. No bastan cuatro leyes denominadas por Casa Presidencial (CAPRES) como "Paquete de Reactivación Económica". Estas leyes serán insuficientes si no se implementan de la mano con los sectores productivos, aprobadas por bloque legislativo.
Al final de cuentas urge trabajar juntos, con inclusión, debido a que el pobre crecimiento económico y el incremento de la deuda pública, la calificación internacional de la capacidad de pago sigue desmejorando. Hemos tenido cada año una calificación de riesgo más baja, eso hace que los flujos de inversión se orienten a países con calificaciones estables o eviten países en desmejoramiento constante, como el nuestro.
El Ejecutivo ha presentado a la Asamblea Legislativa proyectos de reformas a dos leyes básicas para la atracción de inversiones, como son la Ley de Zonas Francas y la Ley de Servicios Internacionales. Así como dos nuevos proyectos de ley, la Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones y la Ley de Firma Electrónica.
La reforma a la Ley de Zonas Francas para cumplir los criterios de la Organización Mundial de Comercio (OMC), ha sido requerida por el sector privado al Ministerio de Economía desde el año 2010, ya que se tiene compromiso y plazo para eliminar los beneficios fiscales sujetos al desempeño de la exportación. Sin embargo, para mi gusto el sector privado se quedó corto en sus peticiones. Ya que existiendo esquemas que son muy atractivos para las inversiones y aceptados por OMC, no se tuvo la voluntad y creatividad para proponerlos a los formuladores de estas reformas. Y como resultado tenemos un esquema que en términos de competitividad regional, no nos pone como líderes para crear una plataforma atractiva de inversión internacional.
Las reformas a la Ley de Servicios Internacionales no han sido discutidas con el sector privado, al que tanto reclama esta administración por "no invertir". Esta Ley necesita un Reglamento para dar claridad al inversionista de un debido proceso en el cual no queden espacios para arbitrariedades de la autoridad administradora. Debería además establecerse la revisión de la ley al menos cada dos años, para actualizar nuevas demandas de inversionistas en este tipo de servicios.
En cuanto a la ley de Firma Electrónica no tenemos nada legislado. En el proyecto de ley hay que poner atención a la autorización de las empresas certificadoras, pues éstas manejarán información confidencial, ya se han cometido abusos al comercializar bases de datos privados. Considero que esta es una ley necesaria, ya que así lo demanda la dinámica empresarial para la modernización estatal.
Pero el proyecto de ley que debe preocuparnos, es el de la Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones que propone CAPRES. El proyecto establece que el inversionista no puede demandar al Estado en un tribunal internacional. Chistoso, entonces ¿qué certidumbre jurídica habrá para los inversionistas? Todo apunta a que la carrera que CAPRES le está metiendo a este paquete de leyes es por salir con un show mediático, en un evento de atracción de inversiones programado para marzo. Planeado a lo grande, parecido al que hizo Honduras.
La esperanza para estos apresurados proyectos se conviertan en buenas leyes, es que actúe el Consejo Nacional para el Crecimiento, creado por Estados Unidos, para que todos, Gobierno, empresa privada, la clase política, académicos y actores claves, trabajen juntos en iniciativas concretas, que contribuyan de forma inmediata a la reactivación económica.
* Columnista de El Diario de Hoy.