La libertad de información no ha dejado de perder terreno en el país desde que Salvador Sánchez Cerén fue electo presidente en 2014, afirma el informe del Ranking Mundial de Libertad de Prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras.
Según el informe, El Salvador cayó 15 puestos en el indicador de libertad de prensa entre 2018 y 2019 y está en una “situación problemática” para ejercer la labor periodística, situándose en el puesto 81 de 180 países evaluados.
“El mandatario (Sánchez Cerén) ha acusado a los medios de comunicación de emprender una ‘campaña de terror psicológico’ contra su gobierno y no respeta el derecho de acceso a la información”, destacó el reciente informe de Reporteros sin Fronteras.
El escrito además detalla un caso en particular: en febrero de 2019, un equipo de periodistas de investigación de la revista Factum fue intimidado por las autoridades para que revelara sus fuentes, pues investigaba un caso comprometedor para el Gobierno.
En relación al caso, entidades como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se pronunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un informe completo para que se verificara la práctica que hizo el Gobierno en este suceso.
“El país tiene demasiados problemas importantes por resolver como para que sometamos a los periodistas a ser cuestionados del por qué de nuestras fuentes”, detalló el presidente de la APES, Rigoberto Chinchilla.
Para Chinchilla, los periodistas también deben tomar en cuenta la importancia de la información que manejan y advirtió que no deben hacer mal uso de ella.
Expectativas con el presidente electo
De cara a un nuevo Gobierno, menciona Chinchilla que lo ideal es que las condiciones para ejercer el oficio periodístico mejoren.
“El Gobierno tendrá el equipo de asesores o las personas más idóneas, nosotros esperamos que la libertad de expresión se vea respetada y que las relaciones de los periodistas con las fuentes mejoren y que puedan acrecentarse para el bienestar de la sociedad”, destacó.
Para Chinchilla, en relación con lo que señala el informe de Reporteros sin Fronteras, se debe tomar en cuenta el papel que han jugado los profesionales de la información en el destape de temas de corrupción y el papel fiscalizador que ejerce la prensa en cuanto al desempeño de los funcionarios públicos, tomando en cuenta que representan a los ciudadanos.
“Lo que esperamos es que el Gobierno trate de tener un acercamiento de cordialidad, generar la información, no cerrarse a los medios de comunicación, que volvamos a esas eventuales conferencias de prensa en donde los periodistas tenemos que consultar por dónde va el rumbo del trabajo de los ministerios y de la misma Presidencia de la República”, enfatiza.
Agrega que no se puede seguir gobernando a un país desde un teléfono inteligente o desde las redes sociales y que la presencia de un funcionario frente a las personas y brindar detalles de la función del Gobierno a los medios de comunicación, es un ejercicio que espera se fortalezca.
“Para la misma gobernabilidad, los contrapesos siguen siendo importantes en este país y la labor periodística es precisamente parte de eso, de lo contrario creo que nos vamos a seguir sumando a estadísticas malas que sin duda lo que van a hacer es que sigamos descendiendo y a convertir al país en un lugar donde prácticamente se está silenciando la actividad periodística”, destaca el periodista.
Falta en materia de legislación
El informe señala además que la legislación salvadoreña protege poco a la prensa y a los periodistas que investigan temas relativos a la corrupción o las finanzas públicas, quienes padecen intimidaciones y presiones de funcionarios.
Chinchilla menciona que existe una propuesta de Ley de Protección de Periodistas que contempla medidas cautelares relacionadas con ataques que se dan a través de medios digitales, por ejemplo.
“Ya hay periodistas que han recibido amenazas cibernéticas, con expresiones como por ejemplo: ‘seguí escribiendo como estas escribiendo y te aseguro que vas a ver a Dios más temprano’”, apunta Chinchilla.
Nicaragua con la caída más drástica en la región
Según lo recabado por Reporteros sin Fronteras existe un preocupante deterioro de la situación de la libertad de prensa a lo largo América Latina en 2018.
En el caso específico de Centroamérica, Nicaragua cayó 24 posiciones y se sitúa en el puesto 114 de la clasificación, el mayor retroceso registrado en el continente.
“La represión ejercida por el gobierno de Daniel Ortega contra la prensa independiente dio un nuevo giro en abril de 2018 al agravarse la crisis política y las grandes protestas de la oposición en el país. Las autoridades estigmatizaron constantemente a los periodistas, que sufrieron campañas de acoso y amenazas de muerte, sin contar las detenciones arbitrarias”, detalla el informe. Según lo observado por el organismo durante las manifestaciones, los reporteros nicaragüenses fueron agredidos con frecuencia, pues se les consideraba opositores al régimen.
La desinformación y el ciberacoso, retos regionales
En países como Brasil, la campaña de las elecciones presidenciales estuvo marcada por la desinformación, los discursos de odio, los actos violentos contra periodistas y el desprecio a los derechos humanos, destaca el análisis de Reporteros sin Fronteras.
Los ataques en internet a periodistas tienen una tendencia al alza en toda la región. En Honduras, Nicaragua y Colombia estos fueron particularmente agresivos según se desprende del escrito.
La situación no dista mucho de lo que sucede en el país, donde la tecnología también se ha prestado para la proliferación de “fake news” que no deberían tener espacio en el medio informativo, afirma Chinchilla.
“Personas mal intencionadas y algunos que han creado su búnker de personas para atacar políticamente a sus adversarios han inclusive creado cierta estigmatización hacia los periodistas. Yo no dudo que haya algunos comunicadores que inclusive se hayan prestado para formar parte de esos búnker”, sostiene.
De ahí nace la idea de que los periodistas son generadores de falsos rumores. Por eso es importante que exista una legislación sobre las agresiones y publicaciones de poca credibilidad en el espacio cibernético, dice.
“Hay que hacer una diferencia entre los que realmente ejercen el periodismo, que firman sus notas, que citan a las fuentes que han consultado y las personas que no lo hacen y quieren generar rumores o agredir desde las redes a otras personas. Estos han dañado de alguna manera la labor periodística”, apunta.
