El 12 de marzo un ciudadano solicitó a la Oficina de Información (OIR) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) los nombres de los funcionarios propietarios y suplentes que representan a dicho Ministerio ante el Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp) y la información fue declarada como “inexistente”, a pesar de ser pública.
Según el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), numeral 3, las instituciones pondrán a disposición pública “el directorio y el currículo de los funcionarios públicos, incluyendo sus correos electrónicos institucionales”. De acuerdo a esta disposición, no existía ningún impedimento para divulgar los nombres de los funcionarios que representan al MTPS ante el Consejo Directivo del Insaforp.
No obstante, según Yeny García, Oficial de Información de esa cartera de Estado, la ministra de Trabajo, Sandra Edibel Guevara Pérez, señaló que los datos son “información confidencial” que atenta contra la integridad de los funcionarios y prohibió entregar la resolución del requerimiento al ciudadano solicitante.
“Los nombres de los funcionarios son públicos y los correos institucionales también. La información fue declarada inexistente con el argumento que la información es confidencial y no se puede dar a la ciudadanía, pero realmente no lo es”, explicó García a El Diario de Hoy.
Además, los nombres de las representantes del Ministerio de Trabajo ante Insaforp, el de la propietaria Nora del Carmen López Laínez y el de la suplente Agustina Beatriz de Paúl Flores, están publicados en el portal de Transparencia del Instituto, lo que demuestra que no es información privada.
El caso se dio a conocer después que García solicitó una medida cautelar ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y denunció acoso laboral, limitación de su accionar como oficial de Información y el mando de lineamientos que irrespetan la LAIP y vulneran la confidencialidad de los ciudadanos que solicitan información.
Según García, la ministra giró instrucciones para formar una Comisión Especial para que todas las solicitudes de información fueran revisadas previamente y se decidiera cuáles procedían con el trámite y cuáles no. Además de tener acceso a los datos personales de los solicitantes.
“Mi deber como oficial es salvaguardar los datos de los ciudadanos. Después de esa indicación mandé solo los requerimientos sin revelar los datos personales de los solicitantes”, enfatizó García.
De llevarse a cabo la acción solicitada por la ministra, se estaría violentando el derecho de confidencialidad que los ciudadanos tienen a la hora de solicitar información, estipulado en el artículo 2 literal h de la LAIP que reza: “proteger los datos personales en posesión de los entes obligados y garantizar su exactitud”.
Además, la creación de una Comisión Especial para evaluar las peticiones de los ciudadanos no está acorde al procedimiento establecido en el artículo 70 de dicha ley, donde manda al oficial de información transmitir la solicitud a las unidades administrativas que puedan poseer la información. La medida cautelar fue resuelta a favor de García y el IAIP ha abierto un proceso sancionatorio contra la funcionaria.
“Se decreta la medida cautelar a que la ministra de Trabajo se abstenga de solicitar de manera verbal o escrita, de forma directa o indirecta a la oficial de Información, cualquier información relativa a las solicitudes de información presentadas en la OIR (Oficina de Información y Respuesta) del Ministerio de Trabajo, sean estas en materia de acceso a la información pública o de protección de datos personales, así como los proyectos de resolución de estas con la finalidad de proteger los datos personales de los solicitantes, y cuyos efectos se traducen también en proteger el derecho a la información pública de la población ante cualquier tipo de prácticas que lo limiten”, se lee en la resolución.
Se solicitó y gestionó una entrevista con la ministra, pero no se obtuvo respuesta. La única postura respecto al caso fue un comunicado de prensa publicado en el sitio web del Ministerio de Trabajo, donde se enfatiza que se “ha expuesto de forma negativa y falsa las actividades regulares de las y los funcionarios que atienden representaciones como parte de mandatos del Ejecutivo y en particular de este Ministerio, causando un daño a la imagen personal y profesional”.
Además, se señala que las “acusaciones que la oficial de OIR hace contra la ministra son infundadas y difamatorias, al aseverar una negativa para brindar la información, siendo que todas las solicitudes en mención han sido atendidas y respondidas a las personas solicitantes”.
También se gestionó una entrevista con Guevara, a través de la Unidad de Comunicaciones, pero no se obtuvo respuesta.
OIR del Ministerio de Trabajo
Yeny García es Oficial de Información del Ministerio de Trabajo desde 2014, hasta la fecha. En este periodo se han atendido 1190 solicitudes de información y los requerimientos atendidos por la Unidad de Acceso a la Información Pública fueron 2730.
De estos requerimientos, 403 fueron clasificados como información oficiosa, mientras que 1842 como información pública y 1 como reservada; también 271 como inexistente, 62 como versión pública y 205 como información confidencial.
En cuanto a la evaluaciones hechas por la Secretaría de Transparencia, el Instituto de Acceso a la Información e instituciones como la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), la unidad está entre las mejores evaluadas.
En 2012 la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción le otorgó la posición 1 del Ranking de Cumplimiento. Luego, en 2014 el monitoreo realizado por la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción dio la calificación de 9.77, según los registros de la Oficina de Acceso a la Información del MTPS.
También, en 2015 la Secretaría dio la calificación de 10 y la Fiscalización del Instituto de Acceso a la Información la evaluó con 9.50. Luego, en 2016 El Instituto evaluó a la OIR con 9.27 en el primer semestre y 8.23 en el segundo. Mientras que las calificaciones en 2017 y 2018 fueron de 9.62.
Además, el MTPS fue reconocido con el Premio Nacional de Transparencia en 2016, esto por ser una de las instituciones mejor evaluadas en el “Monitoreo de Transparencia”. El reconocimiento fue entregado por Iniciativa Social para la Democracia.