Una semana más me ocupa el tema de los desaparecidos (privados de libertad) en la presente década por el crimen organizado, pandillas y cometido por particulares, ya que no se observa la reacción de los presidentes de los tres órganos del Estado por medio de la denominada “comisión de Estado” y que invitan usualmente al Ministerio Público, Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, Ministerio de Justicia y Seguridad.
Por el momento se les está dejando todo el peso a la FGR y PNC. No es una problemática que le competa únicamente a estas instituciones, sino un problema que ha trascendido la seguridad pública y, en mi opinión, por las cantidades de denuncias y los familiares víctimas, tiene una trascendencia de seguridad nacional, pero si se continúa invisibilizando y tratando de bajar volumen, o minimizando, los únicos beneficiados continuarán siendo el crimen organizado.
El Estado Salvadoreño y los gobiernos, desde 1992, fueron indiferentes a las nuevas realidades sociales y de tipologías de delito que enfrentaría el país, entre ellos: bandas de delincuentes organizadas, pandillas, grupos de exterminio, extorsiones, crimen organizado y ahora las “desapariciones forzadas” producto del crimen organizado y las pandillas, sin considerar e incluir que durante el conflicto armado se calcula en al menos siete mil personas desaparecidas forzadamente. Miles de esos casos continúan sin resolverse.
Mis sugerencias básicas nuevamente son para proporcionar un aporte salvadoreño y no esperar que organismos y la ayuda internacional nos resuelva nuestro problema, con tipología criminal cometida en El Salvador bajo nuestra realidad y contexto:
—Que la FGR, PNC y el IML revisen el protocolo básico de actuación ante la denuncia de un desaparecido, lanzado en diciembre 2018, e informen con datos sobre la efectividad del mismo para localización, búsqueda y rescate con vida del reportado o su cuerpo.
—La creación de una fuerza especial de búsqueda combinada FGR y PNC para personas desaparecidas, con amplias competencias de investigación, análisis, e inteligencia, dotada de recursos extraordinarios de todo nivel.
—Una base de datos de denuncias única para FGR, PNC y el IML, incluyendo a la PDDH y PGR, y sin faltar el acceso a dicha base a consulta a los familiares de las víctimas. Ya hay en el mercado internacional softwares potentes que incluso los donan al requerirlos.
—Depuración de denuncias durante el primer semestre del presente año para establecer cuántas denuncias continúan activas.
—Para los casos de fosas o cementerios clandestinos es indispensable el fortalecimiento para el IML y FGR, dotando de mayor presupuesto para la contratación de más profesionales en Medicina Legal, arqueología y antropología forense, mejorando y ampliando su equipos, accesorios, tecnología de punta, banco genético ante morten/post morten para poder des arrollar las comparaciones con sus familiares.
—La División Canina, “la academia K-9 de la PNC”, tiene ya dos miembros especializados para buscar restos humanos y ayudar a recuperar los cadáveres; son oficiales caninos que deben potenciarse y desplegar en las tres zonas del país.
—La compra de un geo-radar potente que está disponible en el mercado internacional para desarrollar búsquedas por franjas.
—A los presidentes de los tres órganos del Estado y Ministerio Público les animo a montar una cadena nacional de radio y televisión para dirigirse a la Nación y advertirles a los criminales que se enfrentarán con todo el poder nacional.
Ya no se le debe permitir más ventaja a los criminales, por respeto a las víctimas, y esperar a que se conviertan en estadística de más homicidios.
Experto en seguridad y criminología