La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea también cuestionó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por dejar sin el derecho al sufragio a aquellas personas que están en las cárceles, pero que todavía no han recibido una condena.
“Como el TSE no adoptó ninguna disposición para facilitar el voto a las 12,538 personas detenidas en espera de juicio, estos votantes también se vieron privados de su derecho al sufragio”, le achaca la misión europea a la autoridad electoral en su reporte sobre los comicios presidenciales del 3 de febrero.
Se solicitó a los magistrados del TSE Miguel Cardoza y Fernando Argüello hablar al respecto, pero no respondieron.
Los observadores de la UE destacan que El Salvador es firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Estas restricciones podrían poner a El Salvador en desacuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) al limitar la universalidad del sufragio”, advierten los observadores.
El presidente de la comisión de reformas electorales del Congreso, René Portillo Cuadra, opinó que “hay personas que no están condenadas, que tienen medidas sustitutivas, que tienen medidas alternas, que están siendo procesadas pero que no están condenadas, esas personas de acuerdo a nuestra Constitución sí pueden votar, sí deben de votar”.
La misión cita que 27,144 personas estaban privadas de libertad en febrero de 2019, según las estadísticas penitenciarias del Ministerio de Justicia y Seguridad.