La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha publicado un informe correspondiente al año 2018, en el cual destaca varios asuntos que han determinado el pulso de la libre expresión en los países del continente.
El documento adopta como referente la Declaración de Principios de ese organismo. El Salvador aparece como uno de los países donde persisten ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación, cometidas por funcionarios públicos, y agentes del Estado.
Los alcaldes de dos municipios, uno en Sonsonate y otro en Usulután, son mencionados en forma directa. El patrón fue similar: acusaciones de difamación y amenazas con acciones legales. Se suma un ex funcionario público, molesto por una investigación sobre la supuesta recepción de sobresueldos mientras fungió en una institución autónoma.
Tres periodistas más fueron agredidos verbalmente e intimidados por agentes de la División Jaguares de la Policía Nacional en Moncagua, San Miguel, cuando se encontraban realizando su trabajo. El documento retoma lo ocurrido en agosto, cuando el entonces candidato a la vicepresidencia por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Félix Ulloa, habría atacado en las redes sociales a la conductora del programa Focos Tv, de Canal 33, Karen Fernández, luego de haber sido entrevistado, lo que habría generado que varios usuarios de las redes insultaran a la reportera.
Hubo más amenazas e intimidaciones por parte de agentes policiales, en Sonsonate, mientras allegados al alcalde de Texistepeque acosaron a una periodista. En la mayoría de incidentes hay elementos en común: los agresores son agentes del Estado y buena parte de las víctimas son mujeres.
La situación se mantiene en lo que va del año. Hay casos concretos: el dirigente de la Gran Alianza por la Unidad (GANA), Andrés Rovira, tuvo un exabrupto cuando fue cuestionado sobre la participación de su partido en el gabinete de Gobierno del presidente electo, Nayib Bukele. “¡Mire, yo no soy hijo suyo para que me hable así, no sea grosero, señor!”,gritó a los comunicadores. Antes de las elecciones, el secretario general del partido Nuevas Ideas, Federico Anliker, reaccionó airado cuando se les cuestionó si los vigilantes de urnas serían nombrados por su agrupación política o por GANA, el partido por el que Bukele participó.
En la elección presidencial autoridades bloquearon el trabajo de los comunicadores en los centros de votación. Registros del Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos documentaron 24 violaciones al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
Los principales señalados fueron las Juntas Electorales Municipales y Juntas Receptoras de Votos, la Policía Nacional Civil, militantes partidarios, dirigentes de partidos políticos y equipos de seguridad, como el del ministro de Defensa, que alejaron a empellones a una periodista que intentó entrevistarlo en un centro de votación.
Las agresiones han sido registradas también por la Sociedad Interamericana de Prensa, que alerta sobre la persistencia de ataques digitales por medio de sectores afines al que llama nuevo oficialismo. Este tipo de actos coartan severamente la libertad de expresión; los Estados deben prevenir, investigar y sancionarlos. Jurisprudencia interamericana incluso plantea que debe haber reparaciones adecuadas a las agresiones.
Los liderazgos políticos principalmente son los llamados a aplicar la tolerancia, estar abiertos a las diferentes opiniones: con mayor razón los que ejercen cargos públicos o los que asumirán.
Periodista.