Zury Ríos Sosa: “Estas elecciones son decisivas para la estabilidad geopolítica de la región”

La hija del general Efraín Ríos Montt está la espera de que se dé luz verde a su candidatura de cara a los comicios de junio en Guatemala.

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Zury Rivas quiere ser candidata a la Presidencia de Guatemala.

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11 April 2019

El próximo 16 de junio, 7.6 millones de guatemaltecos podrán asistir a las urnas y elegir a quien gobernará el país por los próximos cuatro años.

Este proceso electoral, aún marcado por los escándalos de la historia reciente del país, cuenta con un componente adicional: la batalla judicial entre prohibir o avalar algunas de las más relevantes candidaturas. En concreto, la de la experimentada política Zury Ríos y la de la ex fiscal general, Thelma Aldana (quienes se sitúan, respectivamente, en segundo y tercer lugar de la más reciente encuesta).

El Diario de Hoy conversó con Ríos sobre esta batalla legal y sus visiones de la política guatemalteca. Entre sus puntos principales, destaca que el interés por entorpecer su candidatura responde menos a la aplicación de la Constitución (ver recuadro) y más a un interés político.

¿Cuál es el estado actual de su candidatura?

Mi candidatura está firme y legalmente acreditada. Nos encontramos en plena campaña, hay mucho entusiasmo en mis correligionarios y nos sentimos muy satisfechos de liderar las encuestas.

La corte de constitucionalidad le amparó para que pueda correr, pero el TSE busca impugnar la medida.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Fue la Corte Suprema de Justicia la que me amparó en sentencia unánime. El proceso fue así: cuando se abrió la convocatoria, nosotros nos inscribimos ante el Tribunal Supremo Electoral, pero este rechazo mi inscripción basándose en el artículo 186, que según ellos impide a hijos, nietos y bisnietos y tataranietos su derecho de ser electos por ser descendientes de golpista o caudillo. Una aberración constitucional.

Nosotros apelamos a la Corte Suprema de Justicia y ésta nos otorgó un amparo provisional que ordenó al TSE nos inscribiera como binomio y nos entregara las credenciales que al día de hoy están vigentes. El TSE apela a la Corte Suprema esta decisión. La Corte de Constitucionalidad falla 3 a 4, en contra negando el amparo provisional y envió el expediente a la Corte Suprema de Justicia.

¿Cómo ha resuelto la Corte?

La Corte Suprema de Justicia recibe el expediente y vuelve a fallar a favor nuestro pero más contundente aun, pues lo hace con una sentencia “definitiva” que me ha permitido seguir inscrita en el sentido que no tengo ningún impedimento para participar como candidata. En su resolución fue clara en cuanto a que es un derecho humano garantizado por la Constitución Política de Guatemala.

Entonces la Corte Suprema legitima su pretensión electoral...

Si tomamos en cuenta el número de magistrados que han fallado a mi favor en ésta y en las últimas elecciones, el numero llega a 30. Es decir que 24 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 6 magistrados de la Corte de Constitucionalidad han reiterado mi derecho constitucional de elegir y ser electa.

Lamentablemente, los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral se han convertido en activistas políticos contradiciendo a las cortes. Es evidente el interés por eliminarme para favorecer otra candidatura. Un acto completamente violatorio de mi derecho y del derecho de cientos de miles de ciudadanos que quieren votar por mí.

¿Cree usted que esta complicación tiene que ver con la mera aplicación del 186 constitucional o hay un interés político en entorpecerla?

Por supuesto que aquí hay una clara estrategia de eliminar nuestra candidatura puntera que puede pasar a segunda vuelta y ganar las elecciones. Esto obedece a intereses politiqueros espurios que quieren seguir cooptando el poder para sus propios beneficios.

En uno de sus tuits, parece intuirse que la UNE, partido de su rival Sandra Torres, tiene un interés en cerrarle las puertas. ¿Por qué haría esto la UNE?

Lo que he expresado es que la magistrada de la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras abiertamente se ha opuesto a mi candidatura y tiene nexos comprobados con la UNE. Hemos interpuesto un amparo contra ella para que se inhiba de conocer mi caso, pero ella se ha encargado de engavetarlo. Es la responsable de la votación 3 a 4, en mi contra y de liderar un tribunal constitucional con agenda ideológica.

¿Cómo ve la posible inhabilitación de Thelma Aldana como candidata y, en general, que candidaturas se vean amenazadas por recursos judiciales?

La democracia se gesta en la participación electoral de todos. Deber ser libre y de acuerdo a los derechos garantizados por la Constitución política de Guatemala. Cualquier limitación debe ser esclarecida ante los tribunales competentes.

Más allá de la discusión sobre la inhabilitación de algunas candidaturas, ¿cómo ve la competencia electoral actual?

El sistema electoral está completamente enredado. La Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobada con la mayoría de la UNE eliminó el debate electoral y libre intercambio de ideas para conocer los diversos proyectos políticos. El sistema viola la libre emisión del pensamiento. Todos los medios de comunicación, periodistas y cámaras gremiales han interpuesto amparos ante la Corte de Constitucionalidad pero los han engavetado con la obvia intención de no permitir unas elecciones libres y democráticas.

Estas elecciones son decisivas para la estabilidad geopolítica de la región. Estamos inmersos en una difícil situación con fuerzas antagónicas moviendo agendas opuestas a los intereses republicanos de separación de poderes, la propiedad privada, la certeza jurídica y los principios y valores que fortalecen la familia. Hay mucho en juego.

Muchos actores y analistas describen a Guatemala como un Estado capturado por mafias y grupos paralelos. De ser así ¿se puede confiar en el proceso electoral, sus árbitros y las garantías del proceso?

Es un problema más de liderazgo, carácter y gobernabilidad, que de mafias y grupos paralelos que pululan aprovechando esta carencia, especialmente la aplicación de la ley, la certeza jurídica, el poder coercitivo de la ley para garantizar la vida, la propiedad y la libertad de los guatemaltecos.

El hecho de que la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral actualmente estén capturados por una mayoría de magistrados convertidos en activistas políticos no garantiza elecciones libres y democráticas. No solo lo afirmo yo, sino partidos políticos, las cámaras de periodismo y de medios y la mayoría de la ciudadanía.

¿Cuál es su plataforma electoral?

La palabra clave de mi plataforma electoral es ORDEN. Hemos definido 4 ejes dentro de Mi Plan de Gobierno que están dirigidos a “poner orden” en Guatemala y alcanzar los objetivos durante el periodo 2020-2024 que son:

Re evolución del Sistema Educativo; re evolución del Sistema de Salud, re evolución del Sistema de Seguridad, re evolución del órgano Ejecutivo y re evolución fiscal y financiera del estado. Por falta de espacio no ahondaré, pero cada eje tiene una serie concreta de acciones que están ausentes actualmente.

¿Cómo piensa abordar la sistemática corrupción Guatemala? ¿Es posible en 4 años atender de raíz este problema?

La lucha contra la corrupción no es un discurso ni es un hashtag (#).

La corrupción es un problema sistémico de causas y efectos. Nos enfocaremos en eliminar las causas por medio de la aprobación de políticas públicas que eliminen los incentivos perversos a través de una nueva Ley de Compras y contrataciones que permita al gobierno adquirir bienes y servicios por medio de verificadoras internacionales.

También promoveremos la Ley de Servicio Civil que crea una nueva burocracia profesional basada en meritocracia y que elimina el poder discrecional de los burócratas; además se promoverá un Código de Ética para la función pública de manera que el Organismo Ejecutivo sea más eficiente y eficaz.

Asimismo, se establecerán canales de denuncia directos a presidencia para que la ciudadanía se sienta protegida en cuanto a denunciar funcionarios públicos.

¿Cómo evalúa a la CICIG y bajo qué condiciones cree que podría seguir operando?

La CICIG estuvo durante 12 años en Guatemala y el presidente actual ya dio por terminado el acuerdo por lo tanto nosotros buscaremos convenios de cooperación con agencias internacionales con capacidad comprobada para combatir el crimen organizado y la corrupción, tales como las agencias de seguridad de los Estados Unidos, Scotland Yard (Reino Unido) y Mossad (Israel), para que trasladen las competencias y las experiencias necesarias al Ministerio Público y a otras instancias del Ministerio de Gobernación. Esto aunado a una reestructuración del sistema penitenciario que cambiará drásticamente el enfoque de las cárceles.

Nuestros países acaban de recibir la noticia del cese de la cooperación de EE.UU. ¿Cómo piensa abordar esta situación y estrechar relaciones con la administración Trump?

Necesitamos diálogo, política exterior más activa y energética. Los intereses de ambos países deben generar soluciones geopolíticas.

La manera de evitar la migración irregular es promoviendo internamente un muro de desarrollo económico que evite la migración y que promueva crecimiento económico, empleo y trabajo no sólo para guatemaltecos sino para centroamericanos. Nuestro gobierno se centrará en crear las condiciones económicas y sociales para atraer inversión, generar empleos y oportunidades.