Ex aliado de Ortega y Murillo exige que renuncien al poder

Desde Costa Rica, su padrino de bodas indica cómo detener el sufrimiento de toda una nación

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04 April 2019

Rafael Solís, ex aliado de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien además fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, planteó en una carta fechada el pasado 27 de marzo en San José, Costa Rica, que tanto Daniel como Rosario deben renunciar a la presidencia.

“La segunda posibilidad… es que se produzca la renuncia del Presidente y la Vicepresidente de la República, y asuma la presidencia un diputado electo por consenso en la Asamblea Nacional o más aún, se pueda nombrar una Junta de Gobierno de Transición, y las elecciones se hagan antes, talvez en noviembre de este año”, escribió quien fuera hombre de confianza de los Ortega-Murillo.

Hasta el 8 de enero pasado, fecha de su renuncia, Solís fue una pieza clave para asegurar el control del Frente Fandinista de Liberación Nacional (FSLN) sobre la CSJ, dada su alta posición en el partido. Solís, quien al asumir su magistratura en la Corte declaró que él estaba ahí para defender los intereses del FSLN, es también el padrino de bodas de Ortega y Murillo.

Las reflexiones del antiguo hombre de confianza del régimen se dieron a conocer en una carta en la que presenta su punto de vista sobre los temas que se discuten en el retomado Diálogo Nacional entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y los representantes de la pareja presidencial.

Para Solís, “está bien claro” que el tema relevante del diálogo es la cuestión electoral, en particular, cómo, cuándo y con qué árbitros se deben realizar elecciones.

Su primera observación es que debe retomarse el trabajo que realizaba un equipo del régimen de Nicaragua con expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), para asegurar que las elecciones de noviembre de 2021 sean limpias y transparentes.

En este caso, Solís propone reducir los plazos para que las elecciones se efectúen en febrero o marzo de 2020 “con la participación de al menos todos los observadores nacionales e internacionales que estuvieron en las elecciones de 1990”, previa reforma de “todo el sistema electoral, incluyendo una nueva Ley Electoral y un nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE)” .

Siendo que la Ley Electoral tiene rango constitucional, se requiere que sus cambios sean aprobados en dos legislaturas de la Asamblea Nacional, por lo que el ex aliado de Ortega recomienda que la primera legislatura concluya este 15 de julio y la segunda el 15 de diciembre. “De manera que todo se haga de conformidad con las Constitución Política y las leyes vigentes”, opina.

Un problema adicional es que el mandato de los magistrados del CSE vence el 10 de abril, así que quien quiera que asuma esos cargos (aun si no hay relevos) deba permanecer inamovible hasta el vencimiento del periodo.

Al respecto, Solís sugiere una fórmula que no será nada popular en Nicaragua: extenderles el periodo hasta junio y que para entonces, obligatoriamente, los diputados elijan como nuevos magistrados a las personas que sean aprobadas en el marco del Diálogo Nacional.

Es aquí donde Solís llega a “la segunda posibilidad” y aunque admite que es difícil, recuerda que ya ha sido planteada por la Unidad Nacional Azul y Blanco y otras organizaciones sociales, que ven en la renuncia de Ortega y Murillo una salida rápida a la crisis que golpea al país.

Nombrar a “un diputado electo por consenso” es una fórmula que sugiere para impedir que acceda al cargo el número tres en la línea de sucesión constitucional: Gustavo Porras, presidente del parlamento y hombre fiel a Ortega y Murillo, lo que lo descalifica ante los ojos de la población.

Cualquier solución que se aplique -sea que se nombre un presidente interino o una Junta de Gobierno de Transición- la misión será llamar a elecciones anticipadas. “Talvez en noviembre de este año… lo cual también requiere de la correspondiente reforma constitucional”, dice Solís.