Con la petición de reforma al artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información, Acción Ciudadana persigue que los funcionarios de los tres Órganos del Estado detallen las reuniones de lobby que realizan previo a la toma de decisiones relacionadas con las políticas públicas.
La idea es que las reuniones de Lobby, es decir los contactos o encuentros que hacen sectores o personas para lograr apoyos a normativas o decretos, puedan realizarse de manera transparente. De esta forma, la ciudadanía sabrá qué está sucediendo y cuáles son los intereses que se están poniendo sobre la mesa y qué están tomando en cuenta las autoridades al momento de decidir ciertas políticas públicas.
Con la reforma se pretende que la información de las reuniones sea oficiosa, es de decir que en los portales de los Órganos de Estado aparezcan los por menores de las audiencias que sostienen los funcionarios.
“Va en función de transparentar una actividad que es legitima, incluso necesaria para el fortalecimiento democrático, toda vez que la adopción de políticas públicas en cualquier país pasa por considerar los diferentes intereses políticos, económicos, sociales, sectoriales, gremiales, incluso religiosos”, detalló Humberto Sáenz Marinero, presidente del movimiento Acción Ciudadana.
El movimiento de la sociedad civil hasta el momento cuenta con el apoyo del diputado no partidario Leonardo Bonilla, para introducir la propuesta de reforma en la Asamblea Legislativa.
Iniciativas como la Ley de Lobby o regulación de actividades de Lobby, ya se han implementado en países como Chile, agregó.
“Esto ya está regulado en países como Chile y Perú, regulan el lobby y las gestiones de representación de interés sobre actividades que buscan incidir en las decisiones públicas que se van a tomar”, mencionó el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.
En El Salvador la reforma de la normativa buscaría regular reuniones y audiencias que se solicitan a los tomadores de decisiones, los viajes y los regalos que reciben los funcionarios de todas las instituciones del aparato estatal.
“En el caso chileno también regula los acuerdos dentro del congreso y la celebración de contratos estatales”, detalló Escobar.
El proceso sería que al solicitar la audiencia con el funcionario, se deberá establecer cuál es el tema específico que desea abordar con él y el resultado esperado.
Escobar expone que en el caso de la normativa de Chile, el funcionario que tiene una audiencia y no informa, tiene una sanción que ronda una multa de hasta $3,500.
La información sobre la audiencia son públicas y el desarrollo detallado de la misma se expone en la página web de la institución.
Lo que busca Acción Ciudadana es llevar transparencia en las reuniones y regular las actividades de lobby.
“Lo que buscamos es que se ponga el tema a la discusión, sobre la necesidad de realizar este tipo de regulaciones”, mencionó Escobar.
Los beneficios
Serviría para establecer las relaciones existentes entre grupos de interés y los tomadores de decisiones.
“Con esta regulación se podrá delinear la relación entre el dinero y la política, podemos rastrear esa relación entre grupos de interés y los financiamientos de los partidos políticos”, afirmó Escobar.
Otro de los propósitos es evitar que intereses ilegítimos se sobrepongan al bien común.
Además la transparencia de este tipo de reuniones, se convierte en una medida preventiva contra la corrupción, dice.
En relación con este tema, la organización Acción Ciudadana ha solicitado las agendas de audiencias que han tenido los 84 diputados , para la legislatura 2015-2018 y lo que va de la presente legislatura, pero afirma que se les entregó información parcial.