El sistema electoral enfrentará una revisión integral en los próximos meses. En resumen, los cambios podrían afectar a la gobernanza electoral, al ejercicio del sufragio, al escrutinio de los resultados y al régimen sancionatorio.
Para recuperar la confianza de los ciudadanos en la autoridad electoral es necesario debatir si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe mantener su configuración actual. Se requiere de un organismo especializado en Derecho Electoral. Con las sentencias de la Sala de lo Constitucional se esperaba que el TSE estuviera integrado por funcionarios ajenos a todo tipo de influencia partidaria. Sin embargo, se señala que el organismo está plagado de cuotas políticas.
El clientelismo se ha tomado al árbitro electoral. Esta realidad, que convive con la que existe en la mayoría de instancias públicas, solo puede resolverse profesionalizando a los empleados y funcionarios del Tribunal. No es una tarea fácil ni las transformaciones serán a corto plazo. Sin embargo, se aprobar una legislación que gradualmente evalúe al personal, capacite a aquellos que muestren deficiencias, aplique un estricto protocolo de ingreso y ascensos y establezca un procedimiento que premie el buen desempeño en el trabajo. Es decir, las contrataciones en el TSE tienen que pasar del “cuotismo” al mérito. Si se ajusta el sistema por esa vía, en realidad no importaría si las funciones administrativas y jurisdiccionales permanecen concentradas o si se crean dos instancias separadas.
En cuanto al ejercicio del sufragio, son varias las reformas que podrían valorarse. Se debe facilitar el voto a sectores vulnerables y a los privados de libertad que no hayan recibido sentencia. Las personas de la tercera edad, con un alto grado de incapacidad, certificada por la seguridad social, podrían votar en sus casas de habitación. Esto pasa por presupuestar el costo que supone la logística para el TSE. También se debe considerar el voto de los “reos sin sentencia”. Esta decisión exige el análisis de la jurisprudencia internacional sobre el derecho al sufragio de aquellos individuos que no han sido condenados. En ambos casos la votación podría realizarse en una fecha diferente, aunque cercana, a la de las elecciones generales. Por otra parte, es indispensable la modificación del mecanismo utilizado para el voto desde el exterior. El doble registro al que están obligados los interesados en sufragar representa un grave desincentivo. Probablemente el cambio del voto “epistolar”, por correspondencia, al voto “presencial”, en las embajadas o consulados de El Salvador alrededor del mundo, estimularía la participación de la diáspora en las elecciones. En 2021 este segmento también podrá votar por diputados y alcaldes.
El escrutinio de los resultados es otra de las etapas que precisa de examen. El sistema de listas abiertas que permite al ciudadano elegir candidatos de diferentes partidos no puede ser modificado por la Asamblea Legislativa. A diferencia de otros países, en El Salvador la forma de la candidatura para las elecciones legislativas fue establecida por sentencia judicial. Solo un cambio de jurisprudencia constitucional podría cerrar las listas y establecer de nuevo el “voto por bandera”. Ante esta realidad los “acomodos” deben realizarse por otras vías. La aplicación de tecnología para los escrutinios preliminar y final debe ser obligatoria. Ahora mismo el Código Electoral exige el conteo en mesa de forma manual. En la medida que se exija su automatización mejorará sensiblemente el procesamiento de los resultados. El empleo de lectores ópticos, que en fracción de segundos arrojen el cálculo de las marcas recibidas por cada candidato y el de los votos enteros por cada partido —cuidando que no ocurra el “error humano”—, aceleraría la publicación de los resultados. Por otro lado, la capacidad de los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos es fundamental (JRV). Incentivar a que los universitarios cumplan con esta función puede reforzar el trabajo de las mesas. Aunque en los comicios de 2018 y 2019 la labor de las JRV fue superior al de otros años y dado que la “ciudadanización” de estos organismos se estableció por sentencia de la Sala de lo Constitucional, se debe procurar que estén a cargo de personas con una formación académica aceptable.
Finalmente —y no termina acá la lista de reformas— urgen sanciones más severas para quienes incumplan la normativa electoral. Las campañas adelantadas, la violación del silencio electoral y las infracciones a la regulación del financiamiento político responden, sin lugar a duda, a las mínimas consecuencias que perciben los transgresores. Si el castigo consistiera en perder el cargo obtenido por el voto popular seguro cambiaría el comportamiento de los actores políticos.
Doctor en Derecho y politólogo