La tecnología y el estudio del delito

El revenge porn es un ejemplo que ilustra perfectamente cómo las leyes deben actualizarse para regular acciones que son posibles gracias a los avances tecnológicos. Muchos países ahora cuentan con legislación que específicamente proscribe el revenge porn.

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03 April 2019

Existe un vínculo importante entre la tecnología y el estudio del delito. El permanente y acelerado avance de la tecnología obliga a que las leyes estén en un constante estado de revisión para regular sus posibles abusos. Es importante tener presente que la introducción de tecnología, aunque hace nuestras vidas menos complicadas, facilitando la ejecución de tareas cotidianas y mejorando, en consecuencia, la efectividad y eficiencia con la que las desempeñamos, también pueden ser utilizadas para hacer el mal. Personas mal intencionadas aprovechan la falta de regulación para ocupar la tecnología en contra de otras personas.

La criminalización de conductas es un tema central en criminología. El proceso mediante el cual las acciones son inicialmente etiquetadas como socialmente inaceptables y, al final, como ilegales, es de mucho interés. La tecnología juega un rol importante en esta dinámica por dos razones. Primero, provee espacios y herramientas para influenciar la opinión pública en torno a conductas, personas y grupos. Por ejemplo, las redes sociales se han convertido en un lugar en el que la ciudadanía negocia el significado de lo que es bueno y malo. A través de la interacción digital se puede empujar a que conductas específicas se conviertan en comportamientos socialmente inaceptables.

Segundo, como mencioné anteriormente, algunas personas abusan de la tecnología para hacer el mal. Por ejemplo, hombres han utilizado el alcance de las redes sociales para cobardemente difundir fotos íntimas de sus exparejas. Esta práctica se volvió tan frecuente y alarmante que ahora hasta tenemos un término para referirnos a ella. La mayoría de las personas sabe que esto se conoce como revenge porn (o venganza porno, en inglés). El revenge porn es un ejemplo que ilustra perfectamente cómo las leyes deben actualizarse para regular acciones que son posibles gracias a los avances tecnológicos. Muchos países ahora cuentan con legislación que específicamente proscribe el revenge porn.

El amplio uso de las redes sociales y su influencia sobre la opinión ciudadana las han convertido en un espacio atractivo para manipular a la gente en favor de intereses particulares. El tanque de pensamiento Atlantic Council publicó la semana pasada un reporte en el que analiza cómo las redes sociales fueron utilizadas para manipular al electorado en Brasil, México y Colombia. Según el reporte, la mayoría de los brasileños, colombianos y mexicanos se informan a través de Facebook, Twitter y Whatsapp y no tanto mediante medios tradicionales.

El Atlantic Council advierte que hay compañías que se dedican a cobrar cientos de miles de dólares a empresas y políticos para manipular la opinión pública en su favor en las redes sociales. De acuerdo a la investigación, hay empresas que se dedican a impulsar campañas de desinformación a través de cuentas automatizadas, cuentas troles y sitios hiper-partidarios. Describe cómo compañías como Victory Lab en México venden este tipo de servicios, utilizando cuentas robots en Asia y Brasil para manipular la opinión de los mexicanos. Instrumentalizar las redes sociales para avanzar los intereses políticos y empresariales, mediante campañas de desinformación, se ha convertido en un negocio millonario.

Según el reporte, esto atenta con la democracia de países latinoamericanos, ya que no permite que las personas se informen para votar. El informe enfatiza la importancia de crear mecanismos para luchar contra la desinformación en las redes sociales. Advierte que es necesario crear leyes que prohíban la manipulación automatizada de la opinión pública y obliguen a los institutos políticos a revelar el destino y monto de sus gastos en publicidad digital. Además, sugiere que las universidades, los medios de comunicación y las autoridades deben colaborar y crear un frente común para luchar contra la desinformación.

Este reporte pone en perspectiva la indiscutible intersección entre el estudio del delito y los avances tecnológicos.

Criminólogo@_carlos_ponce