La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que negocia con el Gobierno una salida pacífica a la crisis de Nicaragua, descartó este miércoles levantarse de la mesa de discusión, incluso si el Ejecutivo intenta sustituirlos con interlocutores “complacientes”.
“Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa (...) si el Gobierno quiere montar un diálogo con gente que sea complaciente con lo que ellos proponen, eso es otra cosa”, dijo el miembro de la Alianza y exdiplomático Carlos Tünnermann.
El martes, el delegado del Gobierno en las negociaciones Wilfredo Navarro advirtió que si la Alianza, que ha criticado al presidente Daniel Ortega de no cumplir sus compromisos, se levanta de la mesa, el Estado “va a buscar otras soluciones y otros interlocutores”.
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Aunque el fin de las negociaciones estaba fijado para la medianoche de ayer miércoles, los miembros de la Alianza creen que, en caso de ser necesario, la fecha final podría ser pospuesta por segunda ocasión, tal como ocurrió el 28 de marzo pasado, por falta de acuerdos entre las partes.
El Gobierno, a través del líder de la delegación estatal, el canciller Denis Moncada, ya ha anunciado que no abandonará la mesa, luego de que en julio pasado Ortega suspendió sin aviso el diálogo nacional para superar la crisis.
El jurista José Pallais, uno de los negociadores por parte de la Alianza, no descartó que el Gobierno esté interesado en sustituir a la contraparte opositora de la mesa de negociaciones para “buscar algunos zancudos (falsos opositores)”, que ayuden a Ortega a sostenerse en el poder.
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Los opositores tienen como puntos principales la liberación de centenares de presos políticos, que se aplique la justicia para las víctimas de la crisis, y el retorno de la democracia a Nicaragua.
El Gobierno tiene en agenda intereses contrarios a los de la Alianza Cívica. Desde el estallido social de abril de 2018 contra Ortega, Nicaragua vive una crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas, mientras que el Ejecutivo solo admite 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.