La ejecución mediante la lapidación o la mutilación de extremidades son castigos basados en la ley islámica o sharía que entraron ayer en vigor en el sultanato de Brunéi, entre campañas de boicot y la condena de la comunidad internacional.
La reforma legislativa del Código penal supone consumar el giro conservador de esta nación musulmana del Sudeste Asiático gobernada con puño de hierro por el sultán Hassanal Bolkiah, quien ejerce de representante del islam en el país.
El nuevo Código Penal incluye la lapidación por delitos homosexuales y adulterio; mutilación de la mano o pie por robo; la pena capital por blasfemia, difamar el nombre del profeta Mahoma y la apostasía; y la flagelación por aborto, entre otras.
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló esta semana que la aplicación de estas leyes “supondría un serio retroceso de los derechos humanos en Brunéi”.
“El nuevo Código Penal es brutal en su núcleo al imponer estos arcaicos métodos de castigo a actos que no deberían ser considerados crímenes”, declaró hoy Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch.
La oficina del primer ministro, puesto ocupado por el sultán -a sus 72 años afamado por una vida opulenta y varios escándalos amorosos-, anunció el sábado la medida con un breve comunicado donde apunta que la sharía ayudará a mantener “la paz y el orden” y tiene como objetivo “educar, respetar y proteger los derechos legítimos de todos los individuos de cualquier raza y fe”.
El sultanato, próspero por reservas de petroleo y gas, comenzó a introducir los castigos basados en la ley islámica en 2014, con una primera batería de enmiendas para las condenas menos duras, en un plan de dos años por etapas.