PUESIESQUE…la semana pasada mencionamos dos de las herramientas (las solicitudes en masa para bloqueo de cuentas en redes sociales y las turbas informáticas) que gobernantes de talante autoritario utilizan para intentar invisibilizar o amedrentar disidencias, así que hablemos hoy de otro obstáculo para la efectiva vigencia de la libertad de expresión: la normalización de la mentira y la ambigüedad.
Entre las diversas modalidades de desinformación y manipulación de la opinión pública que existen hoy día, fenómenos como las noticias falsas o fake news y la creación de sitios web con apariencia de medios de comunicación, han potenciado las vías para propagar mentiras y medias verdades: si bien tenemos claro que “darle paja a la gente” es labor de antiguo cuño (incluso, la construcción de mitos es característica de la especie humana), la invención, expansión y consolidación, por una parte, de las redes sociales y, por otra parte, el surgimiento de sitios webs con malintencionada apariencia de medio de comunicación, ha incrementado las posibilidades de la divulgación de bulos.
Frente a tales riesgos que afronta la libertad de expresión, algunos países han optado por establecer regulaciones a las plataformas digitales y, si bien se trata de una problemática en desarrollo, hay quienes creemos que la vía de solución no es, en principio, la regulación (van a disculpar, pero mi formación constitucional me hace dudar de los controles gubernamentales sobre la información, pues siempre existe el riesgo de la censura), sino profundizar la andadura por el camino constitucional: ¡más libertad!, que sea el mercado —en este caso, el mercado de ideas— el que se encargue de expulsar a los mercaderes de la mentira y el engaño.
Así, es esencial que, por un lado, los ciudadanos ejerzamos nuestro poder de purgar a los propagandistas de falsedades, optando por aquellos medios de comunicación que sí cumplen con una regla básica del periodismo, la verificación de la información; y, por otro lado, que la sociedad civil y, sobre todo, los medios de comunicación —sean convencionales, sean digitales—, los tanques de pensamiento y la academia (de modo esencial, aquellas universidades que ofertan carreras vinculadas con el periodismo y las comunicaciones) deben movilizarse contra esos productos informáticos falsificados como noticieros (por ejemplo, creando y apoyando proyectos de verificación de discursos y noticias —fact checking— con la finalidad de denunciar públicamente a políticos, personas y sitios web que divulgan falsedades).
Ahora bien, el Estado también debe ejercer un papel importante en la protección del espacio público del debate: primero, el Estado debe actuar activamente en la alfabetización digital y mediática, de modo que el público cuente con la capacidad de detectar las mentiras que se esparcen en la red; y, segundo, como hace dos años expresaron, entre otros, los relatores especiales de la ONU y de la OEA sobre libertad de expresión, en la Declaración conjunta sobre libertad de expresión y “noticias falsas” (“fake news”), desinformación y propaganda, “Los actores estatales no deberían efectuar, avalar, fomentar ni difundir de otro modo declaraciones que saben o deberían saber razonablemente que son falsas (desinformación) o que muestran un menosprecio manifiesto por la información verificable (propaganda)”. Mmm… ¿Habrá ocurrido esto último en el país?
Por ello, así como la desinformación y la manipulación están aprovechando las tecnologías de la información y el conocimiento para adquirir nuevas dimensiones, a los ciudadanos y a la justicia —sobre todo, la constitucional— nos corresponderá cambiar paradigmas para la efectiva defensa de la libertad de expresión.
P.D.: La próxima semana les cuento de otra vía de desinformación desde el Estado…solo piensen en “Nuestro legado”.
Abogado constitucionalista