El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela pidió este lunes el levantamiento de la inmunidad del jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por unos 60 Gobiernos.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, leyó ante periodistas una decisión de la Sala Plena que será remitida a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) “a los fines del allanamiento a la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano Juan Gerardo Guaidó”.
El fallo del alto tribunal declara además el “desacato” de Guaidó por haber burlado una prohibición de salida de Venezuela que le había sido dictada y que, pese a ello, el político realizó una gira de casi dos semanas por cinco países de Suramérica.
En consecuencia, el TSJ acordó imponer al opositor la multa de 200 unidades tributarias, unos 3 dólares, y ordenó remitir copia de estas medidas a la Fiscalía “a los fines de la continuación del procedimiento para el enjuiciamiento de alto funcionario”, indicó Moreno.
El Supremo ratificó las medidas cautelares dictadas contra Guaidó en enero que consisten en prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación en la que está incurso, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes de su propiedad.
Además, se reiteró la orden de bloquear e inmovilizar las cuentas bancarias del jefe parlamentario y de cualquier otro instrumento financiero que tenga en el territorio venezolano.
El fiscal general, Tarek Saab, lleva a cabo una investigación contra Guaidó luego de que se juramentase como presidente interino del país el pasado 23 de enero, cuando invocó unos artículos de la constitución contra la usurpación que considera hace Nicolás Maduro de la Presidencia.
Los Gobiernos del mundo que respaldan a Guaidó, entre los que están Estados Unidos y la mayoría de los miembros de la Unión Europea, no reconocen la legitimidad del segundo mandato de Maduro, que arrancó en enero, por haber obtenido la reelección en unos comicios tachados de fraudulentos.
Mientras, Guaidó dijo este lunes que tiene un plan para resolver la crisis eléctrica del país y acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de aplicar “terrorismo de Estado” en las protestas por agua y luz.
En un acto de la plataforma Frente Amplio Venezuela Libre, que agrupa a opositores, disidentes del chavismo, religiosos, sindicatos y otros gremios, el líder opositor indicó que su Gobierno de transición solucionará la crisis eléctrica y con ello la del suministro de agua.
Detalló que primero explicaría en qué parte de la principal hidroeléctrica del país se generó la falla y que buscaría los repuestos para las termoeléctricas que tiene Venezuela y que no trabajan al total de su capacidad por la falta de mantenimiento, según expertos.
El opositor aseguró que estas plantas pueden proporcionar electricidad al centro y occidente del territorio venezolano. Además, dijo que detallaría cuáles serían los estados y en qué tiempo se aplicaría el racionamiento eléctrico, mientras se solventan las fallas.
“Reto al régimen hoy a que sea serio y diga algo similar pues, a que se deje del cuento (...) ¿y saben por qué el régimen no va a decir esto? porque no tienen ni idea”, afirmó, asegurando que deben dinero a proveedores de Alemania, Japón y países vecinos como Colombia o Brasil.
Indicó, en ese sentido, que ya se había puesto en contacto con ellos. También aprovechó para acusar a Maduro, de aplicar “terrorismo de Estado” en las zonas populares en las que el domingo se registraron protestas demandando el servicio de agua y luz, a donde, dijo fueron enviados “paramilitares armados” y organismos de seguridad del Estado a reprimir. “La mejor respuesta a eso debe ser más protesta”, dijo.