La corrupción es un tema usual en el día a día de los salvadoreños. Constantemente se habla de millonarios saqueos, de casos de alto impacto y de funcionarios de implicados en escándalos. Sin embargo, el enfoque tiende a ser simplista, pues no considera, entre otras cosas, el nexo de este fenómeno con los derechos humanos o cómo esta práctica fomenta el caudillismo.
De eso conversamos con Claudio Nash Rojas, doctor en derecho chileno, quien nos invita a ver la corrupción como un fenómeno complejo y sus salidas como algo más grande que un mero asunto de derecho penal.
¿Cómo afecta la corrupción a los Derechos humanos?
Hay un proceso creciente de convergencia en materia de lucha contra la corrupción y protección de derechos humanos. El nexo se hace al asumir que hay impactos en el sistema democrático, el estado de derecho y la provisión de servicios básicos.
Los actos de corrupción pueden considerarse violaciones directas de derechos, y también hay contextos en que presencia de corrupción coadyuva la violación de derechos. También en un enfoque positivo, es clave asumir enfoque de derechos humanos para luchar contra la corrupción. Este enfoque permite una mejor lectura de la realidad y deja adoptar medidas integrales. Estamos ante dos fenómenos que no son lo mismo pero que están íntimamente relacionados.
La corrupción suele verse como un tema de números. ¿Por qué es importante verlo como un tema más profundo?
Pensar la corrupción como un tema solo de números es efectivo pero no suficiente pero esa es una lectura que a nivel regional prima. La corrupción no solo debe ser vista como un fenómeno aislado de un funcionario público que se aprovecha una situación de poder, sino como un fenómeno sistemático, con elementos culturales y de carácter estructural.
Al verlo desde una perspectiva así de compleja, se puede uno dar cuenta de su impacto real. Por ejemplo, la corrupción sistemática afecta la credibilidad de las instituciones democráticas, la gente deja de creer en el sistema democrático cuando las autoridades ocupan el poder para beneficio personal y no para el bien común.
Se debilita la idea del estado de derecho, es decir de la primacía de la ley y la búsqueda del bien común cuando alguien tras el pago de sobornos hace prevalecer su interés particular. Además, afecta los recursos que el Estado debe destinar para satisfacer necesidades en salud, educación, vivienda, seguridad social, entre otras.
Hay además un fenómeno de situaciones de corrupción que dan paso a violaciones directas a derechos humanos, como cuando a los niños se les entrega placebos y no los remedios que necesitan. Esto tiene un impacto directo en su derecho a la salud. También cuando ves la amenaza a periodistas, a defensores de derechos humanos que denuncian actos de corrupción tú ves la relación la directa entre estos temas.
En un país pobre como El Salvador, ¿qué pasa cuando la corrupción incrementa la marginalización de las personas?
El ideal democrático nos plantea que las personas deben ser tratadas en condiciones de igualdad. La corrupción hace una diferencia y es que quién más influencia tiene, más beneficios tiene.
Esto rompe el ideal de la igualdad. Por otra parte, el ideal de igualdad implica que se deben tomar medidas diferenciadas para que aquellos que están históricamente excluidos y marginados pueden quedar en una situación de cierta igualdad real y material.
La corrupción lo que hace es impactar de una manera desproporcionada a los sectores marginados de la sociedad, a las personas en situación de pobreza que son las que viven directamente de los servicios públicos y a quienes les afecta por pagar, por ejemplo, por atención médica en el sector privado.
Entonces ves que ahí no solo es una afectación aislada sino que la captura en muchos lugares a las instituciones encargadas de generar condiciones de igualdad y el impacto en esos sectores es aún más grave que el impacto que tiene en otros.
Normalmente la lógica de un gobierno es incrementar el apoyo presupuestario a algunas áreas.
¿Es saludable inyectarle más presupuesto a un Estado poroso donde el dinero se pierde y no hay mecanismos de rendición de cuentas?
Hay una fórmula clásica en materia de corrupción: cuando hay un monopolio del poder, discrecionalidad de la toma de posiciones y falta de control se da el escenario perfecto para que crezca la corrupción. En los programas sociales tú tienes normalmente varios de esos problemas. Es decir, tienes el poder que te dan estos programas y eso te trae réditos políticos.
Tienes discrecionalidad política porque no hay mecanismos para vigilar cómo se emplean los fondos y además tienes poco control y poca transparencia en el uso de sus recursos. Tú generas es escenario ideal para que se genere corrupción y eso ya no es un problema político. Yo creo que una de las cuestiones interesantes del debate en el continente es que la corrupción es transversal. No es un problema de derechas o de izquierdas, es un problema de poder, propio del quehacer de la política.
En materia de lucha contra la pobreza, sin tomar medidas de rendición de cuentas y capacitación ciudadana, estás generando focos de corrupción. Vas a tener corrupción y no vas a tener resultados de lucha y por lo tanto satisfacción de derechos humanos. Por lo tanto, es importante tener un enfoque de derechos humanos que obliga a tener una rendición de cuentas y ya no solo políticas que derivan de actos de buena voluntad.
Si esto no se corrige, ¿cuál es el impacto que tiene esta situación de prolongada corrupción con la desafección con el sistema político y con el surgimiento de caudillismos?
Tú tienes dos grandes efectos: uno es la desafección con la cosa pública que se ve mucho en nuestra sociedad en los jóvenes que tienden a desapegarse de la política y decir que es algo sucio y eso genera un problema porque te permite que quienes se quedan en la política le puedan capturar.
Por otra parte, la indignación ciudadana por la corrupción puede ser el espacio necesario para los cambios, pero también esa indignación ciudadana puede terminar poniendo toda la voluntad de las personas en apuestas que tienen un fuerte discurso de lucha contra la corrupción pero tras de sí lo que hay son liderazgos mesiánicos y formas neofascistas de mirar la sociedad, caudillismos como en el siglo XIX.
Tú puedes llevar esa desafección de la política y la búsqueda de respuestas contundentes a socavar el sistema democrático de una manera que no lo veíamos en nuestra región al menos en las últimas tres décadas.
Si se da un caudillismo con una plataforma anticorrupción, ¿es probable que solo entre una nueva élite corrupta?
Si tú lo que haces es una apuesta por el caudillismo o formas vacías de discurso puedes terminar solamente cambiando quiénes son los que usufructúan los recursos. Deberíamos pedir discursos acompañados de medidas concretas y seguimiento.
¿Y si la institucionalidad no da abasto para dar este seguimiento?
Este seguimiento puede ser tanto nacional como internacional. Por eso el mundo entero ha mirado con mucha atención la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), porque son modelos que pueden ser útiles para que haya acompañamiento a estos discursos de rechazo a la corrupción y que no solo se trata de cambios de la gente que va al aparato público sino el poder generar las transformaciones necesarias para terminar con la corrupción y satisfacer las obligaciones del Estado en materia de hechos humanos.
¿Son estas comisiones las últimas herramientas para combatir la corrupción en estados capturados por estructuras corruptas?
Yo no lo pondría en términos de que es la última oportunidad porque si esto no nos resulta vamos a tener que inventar la siguiente. Yo lo miraría como un instrumento importante.
Si uno sabe que tiene una crisis de confianza con respecto a sus gobernantes, es sano buscar apoyo en instancias internacionales y yo creo que la idea de cooperación internacional es un tradicional recurso que incluye acuerdos de cooperación judicial pero también acompañamiento. Hay que estudiar si esa medida puede ser una buena alternativa para mejorar la respuesta y la confianza en las instituciones que han perdido credibilidad.
En el caso de Guatemala, la CICIG ha dependido mucho de quién es su comisionado de turno. ¿No hay un nuevo problema del personalismo?
Siempre hay un riesgo, las condiciones políticas cambian y en el tiempo se van transformando. Lo interesante de estos mecanismos es que están sujetos a evaluación y control. Entonces hay un riesgo pero es un riesgo moderado, pues si tú tienes un comisionado que perdiera el norte tienes perfectamente la posibilidad de poder cambiarlo.
Pero estas no pueden ser cuestiones que queden entregadas a lo que la autoridad local piense, estas condiciones no son presidenciales, son internacionales que deberán generar mecanismos de control a nivel internacional y a nivel local. Esa combinación no puede depender, como en Guatemala, de una decisión unilateral del presidente.
Esa no es la lógica de un sistema de cooperación internacional.
¿Cuál debería ser la interacción entre la comisión y el ministerio público local?
Estas comisiones de investigación junto con los ministerios públicos a nivel nacional son los que debieran poder definir cómo avanzar en conjunto, no es la idea que estas comisiones reemplacen a los poderes locales investigativos, sino que juntos sean efectivos. No puede ser tampoco un mero adorno o un asunto cosmético.
En cada país debiera definirse adecuadamente cómo se va a generar ese trabajo conjunto porque ese trabajo determina qué casos se va a investigar, de qué manera se investigará, cómo se relacionará con las autoridades locales y eso es parte del diseño y la arquitectura de estos mecanismos de cooperación internacional.
Estos deben ser respetuosos de la realidad local y cumplir con el objetivo con el que se crearon, que es darle efectividad a las investigaciones, sobre todo en nuestros países que tienen normalmente un alto nivel de fracaso en la persecución y altos niveles de impunidad. Por estos altos niveles de impunidad hay que hacer algo, estas comisiones pueden ser una ayuda pero no es una receta única.
¿Valen la pena condenas más grandes o esto no es suficiente?
Cuando los problemas de corrupción son estructurales y no aislados el instrumento penal cumple un rol pero no es el único instrumento a utilizar. En un enfoque de derechos humanos, lo que importa es que hay una preocupación por la prevención, por la protección de personas involucradas y por medidas de sanción y de reparación.
Ahora, es un elemento importante frente a sistemas de corrupción que el elemento penal cumpla algunos objetivos: uno, perseguir los casos más grandes y perseguir al pez grande. Y segundo, que sea capaz de ser un instrumento que desarticula las redes que están detrás de estos sistemas de corrupción.
No sólo quedarse con la sanciones a una u otra persona sino a desarticular la red. En este sentido necesitas normas claras, sanciones que sean proporcionales, sanciones civiles que permitan recuperar los activos y por último que eso se haga conforme al debido proceso. Si tú para lograr la efectividad de la sanción penal piensas que el Estado tiene que violar derechos humanos, estás deslegitimando la lucha contra la corrupción.
Un enorme desafío es cómo ser efectivos en el uso del instrumento penal, pero defendiendo y protegiendo adecuadamente los derechos de las personas que son perseguidas por actos de corrupción. Los corruptos no dejan de ser seres humanos y por lo tanto, titulares de derechos.
¿Cómo evitar que la persecución de la corrupción se vuelva hostigamiento?
La lucha contra la corrupción puede ser mal utilizada o con fines políticos. Para deshacerme de mis rivales políticos lo mejor que puedo hacer es acusarlos de corrupción.
Entonces ahí vuelve la idea del enfoque derechos humanos, ahí la clave está precisamente en disminuir la discrecionalidad y la persecución esta garantía ciertos derechos mínimos, como la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la posibilidad efectiva de controvertir en un proceso legalmente tramitado las acusaciones y que eso se haga un plazo razonable.
Tú puedes hacer una persecución penal efectiva, pero que no sea legítima. En ese sentido, la Corte Interamericana Derechos Humanos ha sido muy clara: la lucha contra la corrupción debe hacerse bajo ciertos parámetros mínimos.Y eso es lo que la materia de derechos humanos de ayuda determinar.
¿Cómo rehacer su reputación cuando un acusado de corrupción no es culpable?
El Estado es quien debe encargarse de dar toda la publicidad necesaria para comunicar con la misma forma en que acusó que la investigación a algunas personas no desprende responsabilidades. Esa es una lucha contra la corrupción seria en una sociedad democrática, que se hace como un ejercicio colectivo de depuración de la aparato estatal pero cuando se cometen errores hay que estar en condiciones y capacidad de rectificarlos adecuadamente, e incluso reparar cuando sea correspondiente.
El experto en Derechos Humanos, Claudio Nash, habló sobre la normalización de la corrupción en las sociedades latinoamericanas.