Continuando con mi columna anterior sobre si es importante establecer una CICIES en nuestro país, es sumamente relevante mencionar algunos esfuerzos similares que han buscado justicia en diversas partes del mundo y tomarlo de parámetros.
Nosotros tenemos un antecedente histórico, cuando en 1993 se creó el Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con motivaciones políticas, para investigar amenazas recibidas por los miembros de las comisiones de la Verdad y de restructuración de las Fuerzas Armadas. El grupo mixto lo integraron cuatro juristas: dos nombrados por el presidente de El Salvador y dos por el Secretario General de ONU. Se identificaron sospechosos, pero no se logró que ninguno fuera acusado formalmente.
En otras latitudes también han existido cortes y tribunales para judicializar casos específicos, ejemplo: las Cámaras Extraordinarias establecidas en las Cortes de Camboya para juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante el período de la República Democrática de Kampuchea. Camboya tuvo que hacer enmiendas a su sistema judicial que permitiese la fundación de este tribunal. El proceso de enmienda comenzó en 2001 y se terminó en 2004 bajo tratados entre las Naciones Unidas y el gobierno camboyano el tribunal sería conformado por jueces, fiscales, abogados y administradores designados en parte por el gobierno de Camboya y en parte por las Naciones Unidas.
A este tribunal solamente le competía juzgar lo siguiente: genocidio, crímenes contra la humanidad y algunos crímenes de guerra. Vemos plasmados casos específicos de indagación, lo cual permite mayor precisión y efectividad de judicialización. Otro ejemplo es la Cámara para Crímenes de Guerra que opera dentro del marco de la División Penal del Tribunal Estatal de Bosnia Herzegovina y sucede al Tribunal Penal Internacional, creado para conocer las violaciones a los derechos humanos después de la disolución de Yugoslavia en 2005. Podemos ver que la estructura, mandato y competencia de estos tribunales es diversa; una característica común es que sus mandatos son temporales y mientras funcionan constituyen intersecciones de lo nacional con lo internacional trabajando coordinadamente.
El caso más cercano y conocido es el de la CICIG en Guatemala, la cual se ha determinado con las siguientes atribuciones: colaborar con las autoridades guatemaltecas en identificar, investigar, juzgar y desmantelar aparatos de seguridad clandestinos vinculados al estado. Sus funcionarios tienen autoridad para: 1) investigar a cualquier individuo o entidad pública o privada; 2) solicitar información a cualquier entidad pública; 3) presentar pruebas y constituirse en querellante adhesivo esto es, interviniendo como parte del proceso penal a la manera de un acusador particular que colabora en la investigación de las autoridades guatemaltecas, sin sustituirlas; y 4) recomendar políticas públicas y reformas institucionales que fortalezcan las capacidades del estado en materia de justicia, en particular a los responsables de investigar a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
La CICG está integrada por más de un centenar de investigadores y expertos de más de 21 países y financiada con aportes de gobiernos amigos tales como Estados Unidos, Canadá y gobiernos europeos ya sea individualmente, entre los que se destacan los de España Suecia, Países Bajos y la Unión Europea. Las contrapartes nacionales de la CICIG son el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP). Sin embargo, suenan varios casos de corrupción cometidos por la CICIG ¿Su larga duración en el tiempo habrá favorecido a una corrupción de la misma? ¿El poder absoluto los corrompió?
Si nuestro país busca emular una iniciativa similar para combatir la corrupción, debemos retomar lo acontecido con nuestros vecinos guatemaltecos y no cometer los errores que están menoscabando la democracia y gobernabilidad de ese país.
Politólogo y Consultor en Seguridad