Rompe el corazón saber que cuatro jovencitos con edades entre 11 y 17 años fueron asesinados esta semana en diferentes localidades de El Salvador. Dos de las niñas tenían puestos sus uniformes.
Lo anterior nos vuelve a interpelar una y otra vez sobre la ola de violencia que sangra nuestra tierra y que nadie puede —o quiere— frenar.
En el episodio del infernal brebaje que preparan las brujas en el drama Macbeth de Shakespeare, cada ingrediente —desde la piel de la víbora y lana de murciélago hasta músculos de rana y alas de lechuza— aportaba su horror, horrores que provocaron los asesinatos perpetrados por Macbeth y su mujer.
La violencia en nuestro país se deriva de la guerra y el excesivo garantismo que vino posteriormente. Dos hechos fueron el chispazo que detonó el polvorín: la supresión de tajo de la Guardia Nacional por acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos pero que dejó desprotegido el interior del país, así como la aprobación de normas como la Ley del Menor Infractor (ahora Ley Penal Juvenil) o disposiciones que permitían dinamitar procesos contra torvos delincuentes sólo porque no les leyeron sus derechos al momento de capturarlos.
La ley minoril sólo contemplaba penas “excepcionales” de internamiento, es decir, que los jueces debían evitar enviar a internamiento a los menores delincuentes y no guardar ningún antecedente de ellos, lo cual les tendió un manto de impunidad, los convirtió en la carne de cañón de las pandillas e ideales para las extorsiones, el sicariato o simplemente servir como “antenas” o vigilantes en las comunidades.
Por arranques de “sensiblería social” de los legisladores, las leyes excesivamente garantistas amarraron las manos a las autoridades contra las pandillas. Por persignarse terminaron victimizando a la buena gente de El Salvador.
Por eso el futuro gobierno tiene que estudiar ese conjunto de leyes para depurarlo y adecuarlo a la urgente necesidad de ir tras las maras y someterlas, además de que dentro de las cárceles se desarrollen programas de enseñanza y desintoxicación de diabólicas conductas.
Son importantes los derechos de los imputados, pero también de las víctimas
El combate al crimen organizado sólo es posible cuando un gobierno dispone de la necesaria información sobre los integrantes de las pandillas, los lugares donde operan, sus redes de lavado de dinero, sus cómplices... es la llamada “inteligencia estatal, policial y militar”, un esquema para detectar movimientos hostiles, espionaje externo, etcétera.
Se viene diciendo que el objetivo es “la prevención”, sin pensar que para prevenir se tiene primero que conocer, pues no es posible anticipar actos delincuenciales si no se tiene un mapa de los grupos que delinquen.
Esto no será posible si las leyes vigentes prohíben a los cuerpos de seguridad fichar y averiguar los contactos que los miembros de una pandilla tengan. Y en esto hay lógicas prioridades: la seguridad de la población, de personas que van por la vida sin la intención de hacerle daño a ninguno de sus congéneres.
Es importante reconocer los derechos de los sospechosos de delitos, pero también merecen consideración y justicia las víctimas.
Como hemos venido diciendo, la gravedad de la coyuntura envía un claro mensaje al nuevo gobierno: tiene que rodearse de gente capaz, experimentada, que pueda encontrar soluciones a los problemas que le están dejando.