El Siglo XXI está siendo testigo de peligrosas embestidas a los sistemas políticos. Se han promovido nuevas constituciones, reformas a las vigentes y recursos ante los máximos tribunales de justicia para interpretar la ley fundamental al antojo de los presidentes de turno. La finalidad, en casi todos los casos, fue la de allanar la reelección presidencial indefinida, el uso de las consultas populares como forma de evadir a los partidos representados en los congresos, la toma de las instituciones de control político y el debilitamiento del sistema de partidos.
La trama también incluye a los sistemas electorales. Con el propósito de hacerse con el poder, algunos mandatarios han promovido cambios a su conveniencia. En Nicaragua se fijó en 35% el porcentaje de votos para ganar la presidencia siempre y cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuera mayor a cinco puntos. Luego se eliminó este último requisito.
Para habilitar la figura de la reelección, Ortega dispuso que la Corte Suprema de Justicia —lacayos del régimen— se pronunciara a favor de esa petición. En Honduras y Bolivia se recurrió a la misma estrategia. Juan Orlando Hernández fue habilitado como candidato y continúa al frente del Ejecutivo. Evo Morales, después de perder el referéndum para la reelección presidencial, obtuvo el favor del Tribunal Constitucional Plurinacional, servil a sus intereses, y ahora busca el tercer período que lo mantendría en el puesto hasta el 2025.
La otra maniobra ha consistido en manipular los organismos electorales. Esta táctica les permite a los autoritarios manosear la inscripción de las candidaturas, viciar el trazo de las circunscripciones electorales y el número de cargos que se disputarán en cada una de ellas, denegar la presencia de observadores internacionales, omitir la investigación cuando hay incumplimientos de la normativa electoral y desistir de la imposición de sanciones cuando los infractores son los que compiten con la bandera del partido oficial.
Los impulsores de estas medidas han obtenido sus cargos por el voto popular. De hecho se quedan en las sillas presidenciales por el respaldo de sus seguidores en las urnas. Sin embargo, compiten en elecciones donde la equidad está alterada, en las que el ventajismo oficial les facilita el camino, donde los tribunales electorales no son imparciales y en los que las condiciones están dadas para que su partido gane.
Luego vienen las limitaciones a los derechos fundamentales. Se restringe la libertad de expresión, se acosa a los medios y a los periodistas, se intimida a los opositores, en algunos lugares se les encarcela, se utiliza a la autoridad pública para reprimir, se tuerce la justicia, se persigue a los líderes gremiales, del sector privado y de los sindicatos, y se hace todo por desgastar a los partidos políticos mientras que se ensalza a los movimientos populares que terminan siendo grupos de fachada al servicio del oficialismo.
Recuperar la institucionalidad y ordenar el funcionamiento del Estado después de una década de desarreglos democráticos es muy complicado. Esa es precisamente la tarea de los ecuatorianos en este momento. El pasado 24 de marzo Ecuador celebró las primeras elecciones seccionales (prefectos, alcaldes, concejos urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales) después de diez años de gobierno de Rafael Correa. En 2017, Lenin Moreno, actual gobernante, ahora enemigo acérrimo del expresidente Correa, terminó con una etapa que aflojó por completo los cimientos del republicanismo.
Una de las manifestaciones de ese decaimiento institucional fue la creación, en 2008, del “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social” (CPCCS) que tiene a su cargo la organización de los procesos para el nombramiento de los titulares de la Fiscalía General, el Consejo Nacional Electoral, el Contralor General del Estado y el Tribunal Contencioso Electoral. También nombra al Defensor del Pueblo. El Consejo es una “supraautoridad” que mal utilizada sirve para secuestrar al Estado; ese fue el uso que le dio Correa. En 2018 los ecuatorianos decidieron destituir a los integrantes del CPCCS, nombrar autoridades provisionales y elegir a los nuevos consejeros por votación popular. Esta elección también tuvo lugar el domingo alrededor de una campaña de voto nulo.
Las cicatrices del “Correísmo” están profundamente arraigadas en los ecuatorianos. Debieron lidiar diez años con la censura, con el odio de clases y con la desinstitucionalización para comenzar a restablecer su confianza en el Estado de Derecho. Correa sigue vivo políticamente —su movimiento ganó consejerías en las elecciones del domingo— pero los ciudadanos ahora son menos influenciables y más sensibles para rechazar los discursos populistas.
Doctor en Derecho y politólogo