En 2008 El Salvador sometió su política de competencia al examen ínter pares que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La Ley de Competencia apenas había entrado en vigencia el 1 de enero de 2006, y fue muy audaz, por parte de esa primera administración de la Superintendencia de Competencia, someterse a la revisión de la comunidad internacional. De ese examen resultó un informe que puede consultarse en el siguiente link: http://www.oecd.org/daf/competition/41597186.pdf
Aunque ahí se reconocieron puntos positivos de la aún muy joven política y agencia de competencia, se señalaron varios aspectos que necesitaban implementarse para avanzar en el tema. Entre las recomendaciones que se hicieron destacaron la implementación de un programa de clemencia, modificar los umbrales que determinan la revisión de las fusiones y adquisiciones, mejorar las garantías de defensa de los investigados, establecer mecanismos alternos de solución de los conflictos, y revisar la participación a tiempo parcial de los miembros del Consejo Directivo.
Las siguientes administraciones de la Superintendencia intentaron impulsar algunas de las reformas. Sin embargo, el tema nunca fue prioridad del Órgano Ejecutivo ni del Legislativo.
Once años después la Superintendencia de Competencia decidió volver a someter la política de competencia salvadoreña al escrutinio internacional. En diciembre pasado anunció que se sometería nuevamente al examen ínter pares organizado por la OCDE y el BID.
El Dr. Diego Petrecolla, reconocido consultor internacional en materia de Defensa de la Competencia y que conoce muy bien el caso salvadoreño, fue nombrado para elaborar el informe sobre la política de competencia. Él elaborará un nuevo informe y este se someterá al Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia que se realizará en septiembre en San Pedro Sula. Ahí, en una audiencia pública, las autoridades de competencia de la región sentarán en el banquillo a la política de competencia de El Salvador para evaluarla.
Esta semana el Dr. Petrecolla hizo la visita a El Salvador y entrevistó a autoridades y privados involucrados en la defensa de la competencia. Tuve la oportunidad de participar en una de esas entrevistas, y tengo buenas expectativas respecto a los resultados que de este trabajo surjan.
En los últimos tres gobiernos la política de competencia ha ocupado un lugar bastante marginal. Los esfuerzos que históricamente ha hecho la Superintendencia de Competencia, particularmente en el derribo de barreras a la competencia en las políticas públicas, no han gozado del apoyo del Estado. Y una política de competencia que se ciñe a ser aplicada por la agencia de competencia, y no por el resto del Estado, difícilmente logrará avances significativos en favor de la libertad económica.
De ahí que la revisión que haga la comunidad internacional el próximo septiembre puede ser la piedra de toque que ponga la defensa de la competencia como una política de Estado. Y en un escenario de cambio de gobierno en que parece incierto el rumbo económico que se pretende seguir, poner la política de competencia salvadoreña en el mapa internacional puede ser la oportunidad para que las nuevas autoridades la adopten como prioridad, y estructuren su política económica en dirección a abrir los mercados a la competencia.
En columnas anteriores he expresado que el gran tema de la agenda nacional no es la economía, sino la lucha contra la corrupción. Como lo he dicho en esas oportunidades, la política de competencia puede aportar mucho en ese gran tema: Defendiendo la competencia en las compras y contrataciones públicas se mitiga el riesgo de corrupción.
Abogado @dolmedosanchez