Parece ser que los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional se han ido asentando poco a poco y ya tuvieron las primeras sentencias que causaron posiciones encontradas, como la demanda contra la elección del fiscal general Raúl Melara que fue declarada inadmisible por no cumplir los requisitos de ley.
El Diario de Hoy habló con el magistrado Aldo Cáder sobre los primeros meses de trabajo, así como las decisiones tomadas en Corte Plena como la aprobación del proceso de extradición del expresidente Mauricio Funes procesado por varios delitos; y la prescripción de procesos civiles contra varios exfuncionarios señalados por presunto enriquecimiento ilícito.
Ya pasaron varios meses de esta Sala, ¿cómo se encuentra el trabajo en la Sala de lo Constitucional?
Hemos ido agarrando un buen ritmo de trabajo, siempre hay casos que son más complicados que otros, unos que son más sonados que otros para la población. Encontramos una cantidad importante de casos que sobrepasaban los 1,000, llegaban a los 1,300 o 1,400 casos en trámite.
Hemos adoptado la decisión como Sala de estarnos reuniendo tres veces por semana para deliberar todos los casos que la agenda permite ir subiendo al seno de la Sala de lo Constitucional, y eso nos lleva a que semanalmente estemos sacando entre 50 y 100 resoluciones, muchas de estas que terminan el proceso, ya sean por inadmisibles, improcedencias, sobreseimientos e incluso hemos entrado ya a dictar sentencias en los tres procesos constitucionales, el amparo, habeas corpus e inconstitucionalidades que es el quehacer propio de la Sala; además debemos dejar tiempo suficiente para ver casos de Corte Plena.
¿La población tiene acceso a las resoluciones de esta Sala como se acostumbraba con la anterior?
Ahora en esta nueva Sala de lo Constitucional se ha tomado la decisión de hacer del conocimiento público las resoluciones, pero una vez que se han notificado a las partes que están involucradas en un caso.
Adicionalmente, estamos haciendo esfuerzos importantes con informática y nuestro departamento de Comunicaciones para que puedan estar en la página web de la Corte Suprema de Justicia y en el Centro de Documentación Judicial para que pueda estar el 100 % de las resoluciones que pueden terminar los casos; serían resoluciones de inadmisibilidad de la demanda, improcedencias, sobreseimientos y sentencias ‘ha lugar’ y ‘no ha lugar’, para que una vez se notifiquen se saque la versión pública, que proteja datos personales, y puedan subirse a la web de la Corte y del Centro de Documentación judicial. Adicionalmente, en aquellos casos de relevancia poder hacer un comunicado de prensa para que la población se entere.
Así que estamos ya en ese plan, lo estamos impulsando de manera piloto, lo estamos puliendo, puede haber imperfecciones, pero vamos en la línea de hacer de conocimiento de la población el 100 % de las resoluciones que acaban los casos.
¿Desde que ustedes llegaron qué cantidad de demandas han sido presentadas?
No tengo el dato exacto, pero de acuerdo a unas estadísticas que sacaba yo en febrero del año pasado estamos hablando que fácil se han sumado alrededor de 300 casos en los cuatro a cinco meses que tenemos de estar en la Sala. Pero así hemos tenido egresos importantes, algunos de estos que han sido de conocimiento de la población, eso hace que podamos balancear la carga de trabajo frente a los casos que ingresan y los que sacamos cada semana.
¿Entre los más destacados el caso del fiscal general?
Si, el caso del fiscal general, una demanda que se declaró improcedente, que quiero aclarar no es que el caso del fiscal general sea improcedente o que hayamos decidido que la elección del fiscal sea conforme a la Constitución. No, lo que eso significa es que una demanda particular planteada no reunía los requisitos de ley y entonces se da la improcedencia.
¿Qué problemas tenía ese recurso?
En este caso el planteamiento era estrictamente subjetivo cuando se alega o se impugna la elección de un funcionario de segundo grado, debe al menos, dar los indicios probatorios de que la elección estuvo mal hecha.
La elección proviene de un procedimiento legislativo, entonces el ciudadano viene a decir que ese procedimiento no estuvo apegado a la Constitución, pero eso no solo hay que decirlo, hay que dar un indicio de que eso realmente así ha sido para que la Sala pueda entrar a conocerlo.
¿Eso significa que puede estar abierto a próximos recursos?
Claro, es correcto, el mismo ciudadano que recibió la improcedencia pudiera volverla a presentar, así como cualquier otra persona puede llegar a plantear la demanda de inconstitucionalidad.
Las improcedencias de las inconstitucionalidades no son novedosas, yo decía hace poco que solo en el 2018 la anterior conformación de la Sala sacó entre 70 y 80 resoluciones de improcedencias de demandas de inconstitucionalidad.
¿Qué temas esperan resolver?
Tenemos en el caso de inconstitucionalidades, que está ya por tomarse decisiones finales, el caso de Sitramss, en el caso de la elección del magistrado del TSE Ulises Rivas, son temas que están para sentencia y hemos entrado al debate final. Luego están algunas demandas que están pendientes si se admiten o no, otra que hay contra el fiscal general; otra que tiene que ver con el impuesto a los grandes contribuyentes del 5 %.
En el caso de habeas corpus hay unos seguimiento importantes a algunas decisiones como el caso conocido como la Guinda de Mayo, ahí estamos en seguimiento de la sentencia que se dictó por la anterior Sala de lo Constitucional; y en el caso de los amparos hay muchos que tienen que ver con materia tributaria que en la actualidad lo estamos impulsando.
La semana pasada la Corte resolvió la extradición del expresidente Mauricio Funes, ¿por qué el retraso de varios meses?
Acá lo que pasó en este caso, como en cualquier otro de extradición, hay que analizar la documentación que proviene del tribunal que requiere la extradición. La mayoría de magistrados coincidimos que, en este caso del expresidente Mauricio Funes, la información que originalmente nos remitía el juzgado no dejaba en claro bien cuáles eran los hechos que se le estaban imputando y el vínculo de esos hechos con el delito que también se le estaba achacando.
Es un caso muy complejo, muy voluminoso y por eso la mayoría del pleno decidió solicitar información adicional al juez para tener bien claro todo el panorama de lo que se le estaba imputando al expresidente.
En un primer momento, lo que mando (el juez) era insuficiente a criterio de la mayoría (de magistrados) del pleno, entonces le hicimos ese requerimiento al juez y luego envió la información completa.
Pidió una prórroga, por lo voluminoso del expediente, la prórroga se le concedió, llegó la información y la Corte Plena comienza a analizar y fue la decisión que tomamos, para iniciar el proceso de extradición del expresidente Funes.
¿Ahora qué sigue?
La Corte Plena lo que tiene que hacer es remitir una certificación completa del expediente Mauricio Funes al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador por conducto del Ministerio de Seguridad y Justicia, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de acá al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Eso es lo que se va dar en los próximos días. Luego será Nicaragua, quien de manera soberana va analizar la documentación y va tomar la decisión si extradita o no al expresidente Mauricio Funes.
¿Con la resolución queda fuera la persecución política que dice el expresidente Funes que se ejerce en contra de él?
Sí, lo que se advirtió en este caso es que de acuerdo a los hechos que el juez narraba y la información incorporada al expediente penal se advertía que los delitos que se le estaban achacando al expresidente Funes eran delitos comunes y no políticos ni conexos con política.
Ese fue uno de los requisitos que la Corte Suprema analizó en una solicitud de extradición.