PUESIESQUE…la semana pasada, dos hechos me hicieron reflexionar sobre el prácticamente inagotable tema de la libertad de expresión en tiempos de redes sociales: en concreto, primero, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) denunció que un artículo de opinión, publicado en su cuenta de Facebook, en el cual se exponían incertidumbres y preocupaciones sobre los primeros signos de la próxima Presidencia de la República, fue bloqueado a través de denuncias “en masa con motivos falsos”; y, segundo, el vulgar y condenable ataque que afrontó una tuitera por expresar, en esencia, que la legalidad o ilegalidad de una captura policial la determina las autoridades competentes y no el presidente electo.
Esos dos eventos son ejemplos ya típicos —muy semejantes a los ocurridos en otros países — de nuevas técnicas para atacar la libertad de expresión, esto es, aprovechar las mismas redes sociales, que supuestamente deberían potenciar el libre intercambio de ideas, para intentar callar o volver invisible las opiniones diferentes de los discursos o declaraciones de los gobernantes de turno. Y es que los poderosos —y, sobre todo, los gobernantes— intentan convertir a las redes sociales en e-censores, en los nuevos Tomás de Torquemada (el primer inquisidor general de Castilla), en los modernos Joseph McCarthy (instigador de una absurda e improductiva cruzada anticomunista en Estados Unidos, a mediados del siglo XX).
En efecto, hoy día, cualquier grupo organizado —por cuentas reales y, sobre todo, a través de robots— puede etiquetar, de modo abundante, los mensajes de una persona que les resulta incómoda, con viñetas como “sensibles”, “ofensivos”, “perjudicial”, “spam” u otras equivalentes, con lo que logran que la cuenta de esa persona sea suspendida o cerrada. De esa forma, entonces, se logra una purga informática, haciendo desaparecer la cuenta de quien piensa diferente.
Otra vía que gobiernos de talante autoritario utilizan para censurar a través de las redes sociales es activar turbas informáticas o ejército de troles, esto es, a través de algunas cuentas reales y, sobre todo, cuentas anónimas y robots, se efectúan verdaderos linchamientos públicos o acosos informáticos, recurriendo a los más barriobajeros insultos, groserías, ofensas y mentiras, con el propósito de desprestigiar, desmoralizar o hasta amenazar al disidente.
Dado que la expansión y consolidación de las redes sociales es un fenómeno global, El Salvador no es ni será ajeno a tal situación, pero ello nos enfrentará a descubrir e inventar nuevas herramientas para luchar por la libertad de expresión, incluso provocando que la justicia —y, sobre todo, la jurisdicción constitucional— se abra a nuevas vías de defensa de dicha libertad, por activa y por pasiva; entre muchas: uno, establecer el carácter institucional o de interés público de la comunicación estatal (la mal llamada publicidad estatal no debe constituir un artilugio para la propaganda o marketing del gobernante de turno); dos, determinar el contenido y alcance del principio de neutralidad de los poderes públicos (las cuentas de redes sociales de entidades y funcionarios públicos no deben utilizarse para propaganda gubernamental); tres, prohibir que las cuentas de redes sociales de las entidades y funcionarios con líneas telefónicas pagadas con fondos estatales, bloqueen a usuarios debidamente identificados; cuatro, determinar responsabilidad civil por el uso abusivo de la libertad de expresión.
Tocará, pues, a la ciudadanía, innovar en las vías de defensa de la libertad de expresión y, a la justicia, superar arcaicos esquemas interpretativos de la realidad, sobre todo ante los eventuales intentos de los gobernantes –presentes y futuros- de determinar, a su antojo, la agenda política, social y mediática del país.
P.D.: no alcanzó el espacio para posdata, pero NOSEACABUCHE.
Abogado constitucionalista