La organización Acción Ciudadana (AC) impulsa la creación de una “Ley del Lobby”, iniciativa que busca que los cabildeos de los diputados y funcionarios del Estado con grupos interesados en determinados temas, sean públicos.
“Lo que se busca con esta iniciativa es que ese tipo de gestiones de intereses que se hacen entre tomadores de decisiones y grupos de interés sean públicos, sean transparentes”, explicó a El Diario de Hoy, Eduardo Escobar, director ejecutivo de AC.
La “Ley del Lobby” forma parte de un pliego de reformas y de iniciativas de ley que propuso recientemente dicha organización y que abarcan diferentes áreas de la vida política del país, pero que en conjunto pretenden “que contribuyan a la reconversión del sistema político salvadoreño de modo que responda a las demandas sociales y ayuden a prevenir la corrupción”, dice el documento denominado “Agenda mínima de reforma democrática y contra la corrupción” presentado días atrás.
La creación de esa normativa pretende que todos los funcionarios, sean estos diputados, alcaldes, ministros, presidentes de autónomas o jueces del Órgano Judicial publiquen en una página web, creada para ese cometido, todas las reuniones que se tienen con estos grupos que tienen intereses en la aprobación de una ley o reforma legal que les beneficie.
Pero ¿quiénes son los grupos de interés?
“Por ejemplo el sector del transporte colectivo; ese es un grupo de interés que obviamente puede tener encuentros, acercamientos con los legisladores para mantener privilegios o que no se le alteren sus condiciones con el subsidio (del diésel)” o que le alarguen el periodo de circulación a los buses “chatarra”, ejemplificó Escobar.
“No es ilegítimo que ellos tengan intereses y que busquen protegerlos, el tema es que esa relación, esa gestión de proteger sus intereses debe de ser del conocimiento público y luego se puede de alguna manera tratar de evitar que esos intereses, que si bien pueden ser legítimos, terminen prevaleciendo sobre los intereses colectivos”, apuntó.
Escobar dijo que pone de ejemplo a ese sector con los diputados, pero que la normativa tiene que incluir a todos los funcionarios del Estado.
Una ley persuasiva
Se le preguntó a Escobar, si pese a existir una ley como esa, qué garantiza que los funcionarios busquen realizar esos cabildeos sin darlos a conocer al público o hacerlo a espaldas de los ciudadanos.
Escobar explicó que ellos, como miembros de Acción Ciudadana viajaron a Chile para conocer la experiencia de esa sociedad en esa materia, y que lo mismo preguntaron a los impulsores de esa normativa.
“Fíjese que no lo hacen, porque saben que si no reportan algo y la prensa se da cuenta y lo publica, eso le significa un problema mayor que haberse reunido”, fue la respuesta que obtuvo según relató Escobar
“Entonces, es como una cultura que se va creando, que está dentro de la sociedad chilena, donde el funcionario evita problemas y prefiere reportar todas sus actividades, porque está con la amenaza de que se conozca públicamente por otras vías y eso le va a traer consecuencias políticas y mediáticas por no haber sido transparente”, agregó el director de AC.
Acción Ciudadana también propone reformar la Ley de Partidos Políticos para establecer límites a las aportaciones que los particulares pueden realizar a los partidos, debido a que el límite actual posibilita a los financistas tener una incidencia mayor en el proceso de toma de decisiones políticas. También propone establecer límites a los gastos de campaña electoral.
Son alrededor de 20 reformas legales que Acción Ciudadana está planteando, la cual pasa por fortalecer instituciones que tienen que ver en el combate a la corrupción, como son la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas de la República.