La transición

Un estado de ingobernabilidad por la difícil relación entre los poderes del Estado y con el sector empresarial, podría desanimar a la comunidad internacional ante la polarización

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20 March 2019

Desde su victoria a la fecha, el presidente electo ha tenido diferencias con la administración de Salvador Sánchez Cerén, con las dos fuerzas mayoritarias en la Asamblea Legislativa y con la Corte Suprema de Justicia.

Denunció compras amañadas y de último momento en el Ejecutivo, traslados de empleados del sistema de contratos al régimen de Ley de Salarios y saqueos en algunas de las sedes de Ciudad Mujer.

Censuró lo que a su juicio sería una decisión irresponsable por parte de los diputados debido a que el aumento del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) del 8% al 10%, presionaría las finanzas públicas aumentando el endeudamiento del país. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coincidió con su postura. También expresó su rechazo al proyecto de ley de reconciliación en línea con lo manifestado por Naciones Unidas respecto a que no puede existir una “amnistía absoluta” para los crímenes de guerra. Por otra parte pidió al presidente Sánchez Cerén vetar la iniciativa de ley a través de la cual se integra a la autoridad hídrica que regiría la administración del agua por considerar inapropiada la presencia del sector privado en dicha instancia. Las gremiales mantienen representación en otras instituciones autónomas y sus aportes siempre han sido relevantes.

En el plano judicial manifestó su desacuerdo con la postura de los magistrados que integran la Corte Plena respecto de la auditoría de las declaraciones de patrimonio de los exfuncionarios públicos que tengan 10 años desde que dejaron el cargo sin que se haya revisado su información. La interpretación correcta es aquella que manda investigar los patrimonios de los servidores públicos, aun los prescritos de acuerdo con la Constitución, para remitirlos a la Fiscalía General si se encuentran indicios de delitos vinculados con la corrupción o la evasión de impuestos. Así lo explicaron varios de los magistrados que votaron el acuerdo.

En algunas de estas situaciones le respalda la razón al presidente electo. Sin embargo, la tirantez que estos reclamos han causado con el actual Ejecutivo, con ARENA y el FMLN y con el máximo tribunal de justicia, podría complicar la relación de armonía y colaboración que la Constitución manda entre los órganos fundamentales y que se requiere para mantener una adecuada gobernabilidad democrática. Para alcanzar esto último son otras las acciones que deben realizarse.

Con los cambios de ministros y secretarios no se resuelve el problema del clientelismo político en las instituciones públicas. Se irán los altos funcionarios pero sus sucesores deberán lidiar con sindicatos y empleados sumisos a los partidos políticos. Al presidente Bukele le conviene impulsar con fuerza la Ley de Función Pública, en un amplio diálogo con los trabajadores del sector público para reiterarles que no se afectan los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva. Las denuncias de posibles actos de corrupción previas al cambio de mando el 1 de junio deben continuar si efectivamente los hechos están ocurriendo. Pero de manera simultánea, y en completa coordinación con los funcionarios salientes, además de castigarse esas conductas, es necesario anticiparse a una posible parálisis, por el comportamiento de aquellos cuya consigna sea la de producir caos, ordenando las contrataciones y aplicando el mérito para evaluar ascensos de los empleados en funciones y a los de nuevo ingreso.

La tensión con ARENA y el FMLN puede generarle a Nayib Bukele un estancamiento legislativo. Las crisis de los sistemas presidenciales suelen ocurrir cuando un mandatario no tiene mayorías en el Congreso. Las disputas que estos actores políticos han protagonizado en el último mes y medio reflejan un estado de tensión permanente que al final perjudicará a los ciudadanos por la falta de acuerdos. Por otro lado no conviene, ni al presidente Bukele ni al sistema político salvadoreño, la debilidad y desinstitucionalización de los partidos políticos.

Al presidente electo le será necesario dialogar con la Corte Suprema de Justicia. El tema de la seguridad y la lucha contra la corrupción lo demandan. Alejarse de los administradores de justicia, antes de asumir su cargo en casa presidencial, dificultará la coordinación en aspectos estratégicos vinculados con el trabajo de la Policía Nacional Civil, de las carteras de seguridad y justicia, los Centros Penitenciarios y, en general, con la persecución del crimen organizado.

Un estado de ingobernabilidad por la difícil relación entre los poderes del Estado y con el sector empresarial, podría desanimar a la comunidad internacional ante la polarización, la ausencia de diálogo y las recriminaciones constantes.

Doctor en Derecho y politólogo